El pasado miércoles, 10 de diciembre, Leire Díez, exmilitante del PSOE, era detenida por los agentes tras conocerse su imputación judicial por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Casualmente, o no, horas antes, un senador del Partido Popular (PP) advertía de que se iban a hacer "públicas determinadas informaciones". Desde Mañaneros 360 mostraban las evidencias que señalan que la Justicia filtra información confidencial a Génova.
"Yo le pediré que cese usted a algunos de sus compañeros en las próximas semanas cuando se hagan públicas determinadas informaciones", decían desde el PP. Así, Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, daba voz a lo que resultaba casi inevitable no pensar: "Dice usted que vamos a tener informaciones de los compañeros del PSOE, ¿quién le pasa información al PP? ¿Tiene el PP alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales? ¿Por parte de la UCO, Fiscalía, judicatura, Policía Nacional?".
Desde el matinal de TVE recuperaban el clip del momento tras la detención de Leire Díez: "¿Adelantó el PP las detenciones?", se leía en un rótulo. Posteriormente, Ruiz le preguntaba al exministro Alberto Garzón sobre ello: "Parte del sector judicial, de la Policía, como todos los seres humanos, tienen ideología. Y una parte de ellos es una ideología muy conservadora, especialmente en el Poder Judicial. Por lo tanto, no es extraño que entre los contactos que se han hecho a lo largo de sus carreras, sepan y filtren determinadas informaciones con motivos partidistas o ideológicos". Mientras, otro faldón rezaba: "¿Casualidad o profecía?".
La detención de Leire Díez
La detención de Leire Díez, antigua militante socialista y figura conocida en los últimos meses por presentarse como periodista especializada en investigar las llamadas “cloacas del Estado”, marcó este miércoles un nuevo giro en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Los agentes la arrestaron después de que el magistrado Arturo Zamarriego formalizara su imputación por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Tras su detención, Díez fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde permanece a la espera de nuevas decisiones judiciales.
Minutos después, los investigadores detenían también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en una operación que se enmarca en la causa abierta en la Audiencia Nacional y que dirige la Fiscalía Anticorrupción. Fernández, que llegó a la presidencia del holding público en 2018, trabaja actualmente en Servinabar, una empresa participada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y actualmente bajo la lupa judicial.
El avance del caso sitúa a Díez en el centro de un presunto entramado dedicado a obtener información sensible sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y altos cargos de Anticorrupción. Según los autos, la exmilitante habría actuado junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol en una estructura coordinada destinada a recabar datos comprometidos con el propósito de influir o desactivar investigaciones que afectan a figuras públicas, políticos y empresarios. La investigada ha negado en todo momento haber actuado en nombre del PSOE, pese a haber asegurado públicamente que durante años mantuvo contactos con responsables orgánicos del partido.
En su comparecencia más reciente ante el juez, Díez insistió en que sus encuentros con Cerdán se produjeron exclusivamente en calidad de periodista. Aseguró haberle entregado documentación sobre supuestas irregularidades que, según ella, afectaban al partido como víctima, del mismo modo que afirma haber hecho con otras formaciones políticas. También rechazó la autenticidad de los audios en los que se la escucha ofreciendo favores a cambio de información, alegando que las grabaciones habrían sido manipuladas y pidiendo su nulidad.
Entre las pruebas aportadas a la causa se incluye una reunión celebrada el 7 de mayo con el fiscal Ignacio Stampa, a la que Díez acudió junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, y en la que, según consta en el sumario, habría tratado de acceder a información reservada.
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