El contenido del auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a centrar parte del debate televisivo en La Hora de La 1. Durante la conversación mantenida en el programa de TVE, Silvia Intxaurrondo y el magistrado Joaquim Bosch ofrecieron visiones muy distintas sobre el alcance jurídico de la investigación y sobre la solidez de algunos de los delitos que aparecen reflejados en la causa.
El debate comenzó precisamente con la contextualización realizada por Intxaurrondo sobre el recorrido que ha seguido el informe policial dentro del procedimiento judicial. La periodista quiso subrayar que la documentación elaborada por los investigadores fue remitida inicialmente a la Fiscalía Anticorrupción y no directamente al juez instructor. "El informe policial pasa a Fiscalía Anticorrupción. Es decir, la policía no entrega un informe de conclusiones al juez. La policía se lo pasa a la fiscalía, en este caso Fiscalía Anticorrupción, al fiscal Luzón", explicó durante su intervención. Además de añadir que "El fiscal observa muchos delitos en el informe, es más, al parecer el fiscal detalla más delitos que el propio juez", señaló.
La periodista insistió en que la investigación judicial se encuentra todavía en una fase inicial, pero destacó que el auto firmado por el juez Calama refleja una línea de investigación especialmente contundente. “Entonces es lógico que, caiga quien caiga, la justicia tenga que actuar hasta el final. Y aquí lo que revela el juez Calama son delitos gravísimos”, afirmó.
En esa misma línea, Intxaurrondo sostuvo que el magistrado de la Audiencia Nacional tiene una convicción clara sobre el papel que habría desempeñado el expresidente del Gobierno dentro de la supuesta trama investigada. "Tiene muy claro con la investigación, a día de hoy, que Zapatero era el jefe de la trama. Y con esta información dice: a partir de ahora voy a investigar más", resumió. Fue entonces cuando la presentadora de La Hora de La 1 planteó directamente al magistrado: "¿Es posible que se levante el secreto de sumario sin que un juez entregue a las partes la información de la que dispone?".
"El secreto ya se levantó hace unos días y por tanto lo correcto es que inmediatamente las partes, y fundamentalmente la defensa, tuvieran inmediato acceso", respondió Bosch. El magistrado recordó que ese acceso resulta fundamental para garantizar el derecho de defensa desde el primer momento procesal. "No sólo para defenderse en su comparecencia como investigado, sino también para plantear ya las defensas desde el primer momento", añadió durante su análisis.
Aun así, Bosch evitó cargar directamente contra el instructor del caso y dejó abierta la posibilidad de que exista una justificación procesal detrás del retraso en la entrega de toda la documentación. "Debe haber un motivo, que se explicará, de por qué hasta ahora no se han podido trasladar", apuntó.
La parte más crítica de su intervención llegó al analizar la consistencia jurídica de algunos de los delitos incluidos en el auto. Frente a la interpretación más contundente defendida por Intxaurrondo, Bosch consideró que todavía existen demasiadas incógnitas como para sostener con firmeza determinadas acusaciones. "Yo no veo que esté tan clarísimo que haya muchísimos delitos con la información que tenemos hasta ahora", aseguró.
El magistrado puso especialmente en duda el posible delito de organización criminal mencionado en el auto de Calama. "Lo de organización criminal no está bien reflejado en el auto y con los datos que tenemos no lo acabo de ver", señaló. También mostró cautela respecto al supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con la constitución de una empresa en Dubái, un aspecto que calificó de "algo precario desde una perspectiva de investigación judicial".
Bosch sí consideró que uno de los delitos investigados podría presentar una base inicial más consistente. "Yo creo que lo más claro y lo que sorprende de esas conversaciones entre los directivos de la compañía, de las conversaciones con Julio Martínez, de los pagos y de todo lo que se dice, sería el posible delito de tráfico de influencias", explicó.
Pese a ello, el magistrado insistió en que todavía será necesario esperar al avance de la investigación y a la incorporación de nueva documentación antes de valorar el verdadero alcance penal de la causa. "Ese es el único delito que yo creo que sí puede tener alguna consistencia inicial en estos momentos, pero tendremos que esperar a que tengamos toda la información", concluyó.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
