¿Podría utilizar la pareja de Isabel Díaz Ayuso la filtración de su caso para tratar de desmontarlo? Esta era la primera pregunta que Iñaki López planteaba a Joaquim Bosch cuando conectaban en Más vale tarde. Una consulta que se realizaba, ya que la Fiscalía ha pedido una condena de casi cuatro años de cárcel para Alberto Gónzalez Amador en la causa que se le investiga por fraude fiscal y falsedad documental.
El magistrado explicaba que es posible plantear esta alegación con el objetivo de anular todo o, al menos, un gran parte del material probatorio que pueda existir. "A la vista de los precedentes de otras jurisprudencias, me parece complicado. No me consta que haya situaciones en las que una situación de este tipo en las que una filtración pueda llevar a anular partes de un procedimiento", decía en el programa. De esta manera, Bosch declaraba que no es lo mismo que si se hubieran conseguido pruebas de una forma contraria al ordenamiento jurídico, es decir, a través de un registro hecho incorrectamente o unas escuchas telefónicas que no cumplían los requisitos. "Ante estas circunstancias sí ha habido grandes causas judiciales que se han hundido por la nulidad de las pruebas, pero no este caso no hay precedentes que pudieran indicar que la defensa prospere".
Cristina Pardo planteaba que se han visto todo tipo de casos, desde personas que han llegado a acuerdos con la Fiscalía y otros que han decidido dejar que la causa avance con suerte dispar. Así, preguntaba al magistrado sobre cuáles son las situaciones en las que son más interesantes llegar a un acuerdo con las Fiscalía para evitar ir a prisión. Bosch afirmaba que, habitualmente, "por regla general suele pasar por que el acusado reconozca los hechos para que haya una reducción de la pena". Así, detallaba que para que la condena pueda ser rentable para el acusado, esta debe ser inferior a los dos años de cárcel, ya que, en caso contrario, serviría de poco porque sino igualmente se iría a prisión.
"De hecho, como sabemos y es muy notorio, el abogado de González Amador inició negociaciones en las que mostraba la disposición de reconocer los hechos a cambio de pactar una pena que fuera inferior a los dos años", recordaba Bosch. Sin embargo, los acontecimientos posteriores dificultaron llegar a ese acuerdo y, el hecho más importante, es que se abrió una pieza separada por otros delitos relacionadas con corrupción en los negocios y por administración desleal, que dificultan bastante ahora que esa propuesta avance en la pieza de los delitos fiscales y la falsedad.
El motivo está en que "si ahora se llega a un acuerdo se salvaría el entrar en prisión, pero si fuera condenado en la otra causa, al tener antecedentes penales sí terminaría por ir a la cárcel". La defensa, según apuntaba el magistrado, ha ido demorando en estos meses la declaración de Gónzalez Amador para ver si se archivaba la causa relacionada con corrupción en los negocios y por administración desleal y eso ha llevado a que, en estos momentos, sea muy difícil aventurarse a un pacto hasta que no se sepa bien que ocurre en ese procedimiento. Sin embargo, hasta el inicio del juicio por falsedad documental o delitos fiscales puede alcanzar un acuerdo, pero siempre con el ojo puesto en lo que ocurra en la otra causa.