En Malas Lenguas, el periodista Ernesto Ekaizer ha revelado un importante vuelco en la tramitación de la causa penal que afecta Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras el preceptivo sorteo, la causa ha ido a parar al Juzgado de lo Penal número 19 de la capital, lo que supone que ya hay un nombre asignado para sentarse al frente del banquillo: "El caso lo lleva Lourdes Platero Parada".

Al tratarse de un procedimiento en el que las penas que se solicitan son inferiores a los cinco años de prisión, la ley estipula que debe ser enjuiciado por un órgano unipersonal, por lo que todo queda ahora en manos de esta jueza, a la espera de que las agendas permitan fijar la fecha definitiva para la vista oral.

Sin embargo, más allá de los nombres propios en la judicatura, lo que verdaderamente ha encendido las alarmas es la lentitud que arrastran las diligencias de la investigación. El periodista Chema Garrido ha desvelado la parálisis que sufre el informe patrimonial clave encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las finanzas de la pareja de Ayuso.

Garrido ha sido contundente con los plazos institucionales al recordar que "se van a cumplir 300 días" de retraso acumulado desde que el juzgado reclamó de forma oficial este documento esencial para avanzar en el esclarecimiento de los presuntos delitos fiscales. Este limbo de casi diez meses sin que la policía judicial remita sus conclusiones patrimoniales al juzgado resulta especialmente llamativo cuando se coloca en perspectiva con la tramitación de otras causas de altísima repercusión política que copan la actualidad de nuestro país.

En este sentido, los colaboradores del espacio televisivo han puesto sobre la mesa la existencia de una supuesta "doble velocidad" a la hora de aplicar los esfuerzos policiales y judiciales según el color político de las personas implicadas. En la mesa de debate se ha recordado cómo, en agudo contraste con los diez meses de espera que acumula el novio de la presidenta madrileña, la misma Unidad Central Operativa demostró una diligencia y una rapidez inusitadas en otros escenarios.

En concreto, se ha sacado a colación el caso de Begoña Gómez, una causa en la que los agentes de la UCO fueron capaces de elaborar, redactar y entregar al magistrado instructor los informes económicos solicitados en un plazo de apenas tres días. Esta notable diferencia entre despachar un informe en 72 horas o arrastrar una demora que roza ya los 300 días es lo que, según los analistas, siembra serias dudas sobre la homogeneidad de los tiempos judiciales en la escena política actual.

Para profundizar en esta asimetría de los tiempos de los tribunales, Ernesto Ekaizer ha querido añadir el flagrante agravio comparativo que se está viviendo con el exdirigente socialista. El periodista ha recordado que "se mandó a la cárcel a Santos Cerdán en junio del año pasado" y que, de manera inmediata, el juez de instrucción reclamó un análisis exhaustivo de todo su patrimonio. Ekaizer ha expresado su profunda perplejidad ante el hecho de que, tras haber transcurrido ya más de seis meses de reclusión para el afectado, "es el día de hoy que la UCO no ha sido capaz de hacer un informe de fuentes abiertas".

Se trata de un documento básico que únicamente requería pedir datos a la administración, consultar registros públicos o solicitar certificaciones rutinarias a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado. El analista ha criticado con dureza que ni siquiera se tenga todavía un informe definitivo sobre la mesa para aclarar y desvelar "qué encontró en el ordenador intervenido en Ferraz" tras aquel sonado registro, lanzando una pregunta cargada de escepticismo de cara al futuro: "¿Lo harán alguna vez?".

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