La mesa de Malas Lenguas ha vuelto a poner el foco sobre la corrupción y el funcionamiento de la Justicia durante una emisión en la que se analizaron nuevas informaciones sobre contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid y las derivadas políticas de la presunta trama relacionada con Julio Martínez. El programa ha hecho eco de una información publicada por Diario Público según la cual el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso habría concedido diez adjudicaciones directas a dos empresas, Madrid Sostenible y Medida Capital, vinculadas a la citada trama. Según los datos expuestos en el espacio, se trataría de contratos menores que no requieren concurso público y cuya cuantía conjunta superaría los 170.400 euros.

Durante el análisis, han expusto además supuestas irregularidades económicas detectadas en una de las compañías investigadas. Según ha explicado el programa, la empresa declararía como únicos ingresos los procedentes de contratos con la Comunidad de Madrid por valor de unos 50.000 euros, mientras que en sus cuentas bancarias habrían circulado más de 800.000 euros. Estas diferencias habrían situado a varias sociedades bajo el foco de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Ante estas informaciones, el presentador Jesús Cintora ha planteado el contraste entre las adjudicaciones relacionadas con administraciones gobernadas por el Partido Popular y las investigaciones que afectan al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, Sarah Santaolalla ha realizado una reflexión que se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. "Aquí es cuando hablamos de dos velocidades distintas en la Justicia y en las investigaciones, y también de dos miradas distintas, no solo judiciales, sino mediáticas", ha afirmado.

Santaolalla ha sostenido que determinados vínculos o contratos relacionados con dirigentes autonómicos del PP, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, no reciben el mismo tratamiento público que aquellos que afectan a figuras vinculadas a la izquierda. A su juicio, la diferencia no reside únicamente en los procedimientos judiciales, sino también en la forma en que determinados casos son abordados por los medios de comunicación y los actores políticos.

"Mediáticamente, José Luis Rodríguez Zapatero ya ha sido condenado. No va a tener un juicio justo en la opinión pública porque existe un poder mediático, empresarial y político que ya lo presenta como culpable", ha argumentado.

La colaboradora también se ha referido a la situación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por presuntos delitos fiscales. Santaolalla ha criticado la lentitud de algunas investigaciones y ha cuestionado que determinados asuntos no estén recibiendo la misma atención que otros casos de gran repercusión política. "Llevamos esperando un informe sobre Alberto González Amador desde julio de 2025. Esa es la doble velocidad de la Justicia a la que me refiero. Mientras a algunos les tiran la puerta abajo, a otros les llaman con tiempo para que vayan preparando el terreno. Igual, igual, no es", ha sentnciado.

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