El Consejo de Informativos de À Punt ha elevado un durísimo informe al Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) en el que alerta de una situación “lamentable” en los servicios informativos de la radiotelevisión pública valenciana. El documento, elaborado al amparo del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, dibuja un escenario de manipulación informativa, presiones a la plantilla, desprecio por áreas clave como el departamento digital y una pérdida acelerada de credibilidad que, advierten, recuerda peligrosamente a procesos de degradación ya vividos en el pasado.
El actual Consejo de Informativos, surgido de las elecciones de octubre de 2025, está presidido por Robert Ortin Falcó y formado por seis miembros. La ausencia de paridad, explican, se debe a la salida forzosa de la periodista Cristina Ordaz tras conocer que su puesto será eliminado en la futura Relación de Puestos de Trabajo. Desde incluso antes de constituirse formalmente, el Consejo comenzó a recibir “una avalancha de quejas, denuncias y peticiones de apoyo”, dirigidas en su mayoría contra la Dirección de Informativos.
En su primer comunicado, el CI ya advertía del deterioro del ambiente laboral, de la calidad del producto informativo y de la imagen que À Punt proyecta a la ciudadanía. En aquel texto asumían plenamente las denuncias de la Asamblea de la plantilla, incluyendo episodios tan graves como el intento de ocultar imágenes y audios de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, así como la manipulación, el partidismo y el dictado de contenidos informativos. El Consejo señalaba también programas como Va de bo como ejemplos de contenidos “que nunca deberían tener cabida en unos medios públicos”.
El informe ahora remitido va más allá y detalla denuncias internas sobre presiones con amenazas -algunas consumadas- de cambios de sección u horarios, trato denigrante, cuestionamiento constante de la profesionalidad de los trabajadores, llamadas fuera del horario laboral y la imposición de una línea editorial que el CI define como “la peor cara del sectarismo servil”. Todo ello, añaden, con un componente de misoginia presente en algunas actuaciones, hasta el punto de que los sindicatos han tenido que solicitar la intervención de la dirección de personal.
Ens dirigim al Consell d'Administració perquè adopte mesures que eviten la degradació de la reputació i la credibilitat dels servicis informatius.
— Consell d'Informatius d'À Punt (@CdIAPunt) January 13, 2026
Gran part de la plantilla ja va viure un procés semblant que va convertir l’empresa en un model de corrupció i vergonya. pic.twitter.com/pdeKh3zvDP
Estas cuestiones han centrado las dos reuniones mantenidas hasta ahora entre el Consejo de Informativos y la Dirección del departamento. En ellas, la Dirección ha reconocido algunos casos concretos de manipulación y se ha comprometido a no repetirlos, aunque, según el CI, lo habitual ha sido eludir responsabilidades y derivarlas a escalones inferiores. También se han producido disculpas por las formas empleadas con parte de la Redacción, pero el Consejo sigue recibiendo quejas y constata que hay profesionales que ya evitan atender llamadas a determinadas horas o entrar en el despacho de la Dirección sin testigos.
Uno de los puntos más críticos del informe es el trato al departamento digital y a la Unidad de Estilo y Recursos Lingüísticos (UERL), duramente golpeados por la reducción de personal y claramente infravalorados. La Dirección ha llegado a admitir que el área digital no es prioritaria, una afirmación que choca frontalmente con la realidad del consumo informativo actual y con decisiones como las del 24 de octubre de 2025, cuando À Punt no ofreció cobertura televisiva en directo de la manifestación del primer aniversario de la DANA. Ese día, mientras se emitía una antigua corrida de toros, la cobertura digital salió adelante únicamente gracias al sobreesfuerzo de la plantilla, sin refuerzos previstos.
Ante este contexto, el Consejo de Informativos decidió convocar una consulta interna para medir el respaldo real al director de Informativos, ya que el cambio de Reglamento impidió repetir el procedimiento habitual de evaluación previa. El contraste con el pasado es demoledor. En octubre de 2023, el anterior responsable del área obtuvo un 52% de votos favorables. El actual director apenas ha logrado un 6,7% de apoyo, frente a un 89,39% de votos en contra.
La reacción de la Dirección, según relata el informe, fue inmediata y defensiva, presentándose como víctima de campañas y acusaciones falsas. El Consejo evita entrar en ese terreno, pero subraya lo evidente: ignorar una censura tan clara y mayoritaria no es una opción responsable, especialmente cuando buena parte del equipo directivo de confianza también ha retirado su apoyo.
El CI concluye apelando directamente al Consejo de Administración para que tome conciencia de la gravedad de la situación y actúe antes de que el deterioro sea irreversible. Recuerdan que muchos trabajadores ya vivieron procesos similares que acabaron convirtiendo un medio público en sinónimo de corrupción, manipulación y vergüenza, hasta su desaparición. Una advertencia que, en el contexto actual de À Punt, suena menos a amenaza retórica y más a una llamada urgente a evitar que la historia vuelva a repetirse.
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