La Supercopa de España cambiará Arabia Saudí por Turquía en 2027, pero no volverá a España. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elegido Estambul para celebrar las dos semifinales y la final entre el 2 y el 7 de febrero, una decisión motivada inicialmente por un problema de calendario: Arabia Saudí, sede habitual del torneo desde 2020, organizará la Copa de Asia entre el 7 de enero y el 5 de febrero.

La mudanza puede parecer una excepción dentro del acuerdo saudí. En realidad, ayuda a comprobar hasta qué punto la excepción se ha convertido en modelo. La RFEF no ha aprovechado la indisponibilidad de Arabia Saudí para recuperar temporalmente el torneo en territorio español. Buscó otra sede internacional y analizó siete propuestas repartidas por distintos lugares del mundo antes de seleccionar Estambul.

El estadio Olímpico Atatürk albergará los tres encuentros y reunirá a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Según la Federación, la competición de 2027 mantendrá además los beneficios económicos que permiten financiar programas destinados a casi mil clubes de categorías masculinas y femeninas.

Ese argumento económico es esencial para comprender por qué la Supercopa lleva años viajando. También es el punto de partida para entender una transformación más profunda: una competición creada dentro del sistema federativo español se ha convertido en un producto cuya sede se decide mediante negociaciones comerciales internacionales.

De una eliminatoria española a un producto para más de 150 países

La RFEF presenta la Supercopa como un torneo ya integrado en el calendario internacional y señala que su emisión alcanza más de 150 países. La competición actual tiene cuatro participantes: los dos mejores clasificados de la Liga y los finalistas de la Copa del Rey, con las adaptaciones previstas cuando un mismo equipo ocupa varias de esas plazas. El formato concentra toda la competición en dos semifinales y una final.

La edición de Estambul será la séptima disputada fuera de España, según El País. El desplazamiento empezó en 2020 bajo la presidencia de Luis Rubiales, después del acuerdo para llevar el torneo a Arabia Saudí. Desde entonces —con la excepción condicionada por el calendario de 2027— la Supercopa ha construido una identidad geográfica muy diferente de la que su nombre todavía sugiere.

Para escoger la alternativa saudí de 2027, la RFEF asegura haber estudiado siete ofertas. Fuentes federativas citadas por El País identifican, además de Turquía, candidaturas procedentes de Azerbaiyán, Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos. Ninguna de las opciones finales divulgadas estaba en España.

La selección de Estambul tampoco supone una ruptura con el socio que ha acompañado a la Federación durante la etapa saudí. La RFEF señala expresamente que SELA, la empresa pública saudí vinculada al desarrollo de la competición, ha participado en el proceso para elegir la sede turca. Y la Federación ya ha puesto fecha al regreso: 2028.

La razón oficial para no disputar la edición de 2027 en Arabia Saudí es exclusivamente la coincidencia con la Copa de Asia. No se presenta como un replanteamiento del acuerdo ni como un cambio de orientación de la política comercial de la RFEF.

Cuarenta millones al año y una pirámide que depende del torneo

El principal argumento de la Federación para defender el modelo es económico. El País cifra en aproximadamente 40 millones de euros anuales los ingresos que obtiene la RFEF por la celebración de la competición y señala que el organismo tiene un acuerdo con SELA para mantener la Supercopa en Arabia Saudí hasta 2030.

La Federación insiste en que parte de esos recursos baja por la estructura del fútbol español. En su comunicado sobre Estambul asegura que los beneficios tienen como destino directo a casi mil clubes, incluidos equipos masculinos y femeninos de distintas categorías.

Ahí se encuentra uno de los elementos menos visibles cuando se debate sobre la sede. Para la RFEF, la Supercopa no es únicamente tres partidos entre cuatro grandes clubes. Es también una fuente de financiación para actividades y entidades con mucha menor capacidad de generar ingresos por derechos audiovisuales o patrocinadores.

La internacionalización, desde esa perspectiva, permite vender más caro un torneo reducido y utilizar parte de los recursos para sostener otros niveles del sistema. Pero esa arquitectura genera a su vez una dependencia: cuanto mayores son los ingresos conseguidos fuera de España, más difícil resulta sustituirlos mediante una edición organizada con criterios distintos.

La propia elección de Estambul proporciona una prueba. Ante la imposibilidad de cobrar por la sede saudí en 2027, la RFEF no ha buscado simplemente un estadio español donde celebrar el torneo. Ha negociado internacionalmente una alternativa que, según sostiene, permite mantener los beneficios previstos.

La ubicación pasa así de ser una característica de la competición a convertirse en uno de sus activos comerciales.

Un contrato bajo investigación judicial

La actual RFEF, presidida por Rafael Louzán, ha heredado además un modelo cuyo nacimiento sigue teniendo recorrido judicial.

La justicia española investiga las posibles irregularidades relacionadas con el acuerdo que llevó la Supercopa a Arabia Saudí. El procedimiento afecta, entre otros, al expresidente federativo Luis Rubiales y al exfutbolista Gerard Piqué, cuya empresa Kosmos participó en la intermediación de la operación. Conviene subrayar que se trata de una investigación judicial y no de una condena por esos hechos. Rubiales ha negado haber actuado irregularmente.

Documentación judicial citada por Reuters señalaba que los acuerdos firmados en 2019 y 2020 contemplaban que la RFEF pudiera recibir 400 millones de euros y que Kosmos obtuviera inicialmente cuatro millones de euros anuales durante seis años como comisión ligada al acuerdo. Esa relación fue posteriormente ampliada otros cuatro años.

La investigación no convierte automáticamente en ilícita la actual celebración del torneo en el extranjero ni invalida sus contratos. Sí introduce un contexto imprescindible para entender por qué cada decisión sobre la sede vuelve a poner el foco en las condiciones con las que se construyó el modelo.

Aquel acuerdo modificó simultáneamente el formato, la economía y la geografía de una competición federativa. Siete años después, esos tres elementos siguen unidos.

Arabia Saudí sigue dentro de la Supercopa que se juega en Turquía

Estambul también obliga a matizar la idea de que la Supercopa "sale de Arabia Saudí". Deportivamente lo hará durante una edición. Comercialmente, la relación continúa.

SELA ha participado en el proceso de selección de la nueva ciudad y la propia RFEF confirma el retorno a territorio saudí en 2028. El acuerdo, según las informaciones publicadas, alcanza hasta 2030.

La relación ha estado acompañada durante estos años por críticas de organizaciones de derechos humanos a la estrategia saudí de utilizar grandes acontecimientos deportivos como instrumento de proyección internacional. El debate ganó además una dimensión muy concreta durante la Supercopa de 2025, cuando varias aficionadas y familiares de futbolistas del Mallorca denunciaron haber sufrido acoso a la salida del estadio de Yeda después de la semifinal contra el Real Madrid. La RFEF abrió una investigación y las autoridades saudíes pidieron disculpas; el Gobierno balear reclamó entonces a la Federación que reconsiderase la idoneidad del país como sede.

Nada de eso aparece como causa del traslado de 2027. La razón anunciada es la Copa de Asia.

Por eso, Estambul representa más una continuidad que una ruptura.

La Supercopa ha dejado de organizarse partiendo de la pregunta de qué ciudad española debe acogerla y funciona ya bajo otra lógica: qué mercado internacional puede pagar y organizar una edición determinada sin reducir los ingresos que genera el torneo.

La Federación considera que ese modelo beneficia al conjunto de la estructura futbolística gracias al dinero que redistribuye. Paralelamente, su consecuencia más visible es que los seguidores de los cuatro clubes clasificados deben viajar miles de kilómetros para presenciar en directo una competición española.

Son las dos caras de una misma decisión económica.

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