La Superliga nunca llegó a disputar un partido, pero cinco años después de su presentación todavía tiene facturas pendientes. El Real Madrid ha decidido reclamar a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham su parte de los gastos de creación del proyecto, una cantidad global que podría alcanzar los 80 millones de euros. Los seis clubes ingleses abandonaron la competición apenas 48 horas después de su anuncio, en abril de 2021, pero el conjunto blanco considera que aquella retirada no los exime de asumir los compromisos económicos adquiridos como socios fundadores.
La reclamación, confirmada por el Real Madrid a Reuters el 20 de octubre, abre un nuevo capítulo en una historia que parecía encaminada hacia su desenlace. Después de años de enfrentamientos con la UEFA y de sucesivos abandonos, el club presidido por Florentino Pérez es el único de los doce fundadores originales que permanece formalmente vinculado a la Superliga. Sin embargo, aunque la competición no llegó a materializarse, los costes de su desarrollo siguen sobre la mesa.
El conflicto ya no gira alrededor de cómo debería organizarse el fútbol europeo, sino de quién debe pagar el intento de transformarlo. Y la respuesta puede encontrarse en los contratos que los clubes firmaron antes de que el proyecto se viniera abajo.
80 millones para una competición que no jugó ni un minuto
La Superliga fue anunciada el 18 de abril de 2021 por doce grandes clubes europeos con la ambición de construir una competición alternativa a los torneos organizados por la UEFA. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid representaban a España; Juventus, Inter y Milan, a Italia; y Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, a Inglaterra.
El proyecto pretendía dar a sus fundadores un mayor control sobre la organización y explotación comercial de una competición continental. En esencia, buscaba reducir la incertidumbre económica asociada a la clasificación deportiva y crear un producto más atractivo para televisiones, patrocinadores e inversores.
Pero el rechazo fue inmediato. Las protestas de los aficionados, las críticas institucionales y la presión de las organizaciones futbolísticas provocaron una retirada en cadena. Los seis clubes ingleses anunciaron su salida menos de dos días después del lanzamiento, seguidos por Atlético de Madrid, Inter y Milan.
La competición se quedó sin buena parte de sus protagonistas antes de disputar un solo encuentro. Sin embargo, el trabajo necesario para ponerla en marcha ya había generado gastos.
Según la información publicada por The Athletic y recogida por Reuters, los costes de constitución y desarrollo del proyecto podrían alcanzar los 80 millones de euros. Se trata de una estimación del coste global, no de una cantidad que el Real Madrid haya acreditado reclamar íntegramente a cada uno de los clubes ingleses.
El desarrollo de una competición de estas características exige una estructura empresarial, asesoramiento jurídico, planificación comercial y otros trabajos preparatorios. Aunque no se ha difundido públicamente un desglose de las partidas que componen esa cifra, la reclamación refleja que el fracaso deportivo y comercial del proyecto no eliminó los gastos ya asumidos.
Hasta ahora, de acuerdo con la posición trasladada por el Real Madrid, esos desembolsos han sido cubiertos por el propio club blanco, el Barcelona y la Juventus. La intención es que los antiguos socios ingleses contribuyan a financiarlos.
La letra pequeña que persigue a los seis grandes de la Premier
El elemento central de la disputa está en el acuerdo de accionistas suscrito por los clubes fundadores de la European Super League Company, la sociedad creada para impulsar la competición.
El Real Madrid sostiene que los seis equipos de la Premier League siguen siendo responsables de una parte de los gastos derivados de la constitución del proyecto, pese a haber comunicado su retirada en abril de 2021.
La controversia plantea una cuestión habitual en el mundo empresarial: abandonar una iniciativa no significa necesariamente quedar liberado de las obligaciones económicas contraídas mientras se formaba parte de ella.
Sin embargo, para determinar si los clubes ingleses están obligados a pagar, resulta imprescindible conocer el contenido de los contratos. Según la información publicada sobre el caso, todavía no está claro si el acuerdo de accionistas establecía expresamente cómo debían repartirse los costes de puesta en marcha ni qué consecuencias económicas tendría la retirada de un socio.
Esa distinción es fundamental. Una cosa es haber participado en la constitución de una sociedad y otra que exista una obligación contractual concreta, exigible y cuantificable de financiar sus gastos.
Por el momento, no se ha hecho público el importe individual que correspondería a cada equipo, ni una resolución que reconozca la existencia de las cantidades reclamadas. Tampoco consta una respuesta conjunta de los seis clubes ingleses. El Tottenham declinó comentar la información, mientras que los otros cinco no respondieron inicialmente a las consultas de Reuters.
La cuestión económica tampoco termina necesariamente en Inglaterra. Atlético de Madrid, Milan e Inter fueron igualmente fundadores de la competición y abandonaron el proyecto en sus primeros días. No obstante, el Real Madrid no ha confirmado si pretende exigirles aportaciones similares.
La paz con la UEFA no cierra las cuentas
La reclamación llega en un momento especialmente significativo para la historia de la Superliga. Durante buena parte de los últimos cinco años, el conflicto estuvo protagonizado por la batalla jurídica entre los promotores del proyecto y los organismos que gobiernan el fútbol europeo.
La discusión giraba en torno a las reglas de autorización de nuevas competiciones y a la capacidad de la UEFA y la FIFA para impedir la aparición de torneos alternativos. En diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó el sistema de autorización vigente entonces, al considerar contrarias al derecho de la competencia determinadas facultades discrecionales de los organismos futbolísticos. La sentencia, sin embargo, no suponía una autorización automática de la Superliga.
Mientras avanzaba ese proceso, el proyecto fue perdiendo a los pocos socios que todavía permanecían vinculados a él. La Juventus terminó desvinculándose y el Barcelona formalizó su salida en febrero de 2026.
Ese mismo mes se produjo un acercamiento que parecía cerrar una parte importante del conflicto. El 11 de febrero, el Real Madrid, la UEFA y European Football Clubs anunciaron un acuerdo de principios para resolver sus diferencias en torno al futuro del fútbol continental. El comunicado, publicado también por la UEFA, recogía el compromiso de trabajar sobre la sostenibilidad de los clubes, el mérito deportivo y la mejora de la experiencia de los aficionados. También contemplaba resolver los litigios relacionados con la Superliga una vez implementados los principios acordados.
Pero ese entendimiento no resolvía necesariamente las obligaciones privadas entre los clubes que habían participado en la creación de la competición. De hecho, en mayo de 2021, la propia UEFA anunció un acuerdo de reintegración con los nueve clubes que abandonaron inicialmente la Superliga. Aquella solución incluía compromisos institucionales y una aportación conjunta de 15 millones de euros para proyectos de fútbol infantil, juvenil y de base. Se trataba de un acuerdo distinto al reparto de los gastos privados de constitución que ahora reclama el Madrid.
Así, mientras el proyecto ha ido perdiendo relevancia como alternativa deportiva, sus consecuencias contractuales han adquirido una nueva dimensión. Los antiguos aliados ya no discuten cómo compartir los ingresos de una futura competición, sino cómo repartir los gastos de una que nunca comenzó.
El precio de abandonar una sociedad
La disputa tiene implicaciones que van más allá de la Superliga. El fútbol europeo está cada vez más vinculado a sociedades comerciales, acuerdos entre accionistas y estructuras empresariales que generan compromisos económicos independientes de los resultados deportivos.
La creación de nuevas competiciones, la explotación conjunta de derechos audiovisuales o la entrada de inversores en sociedades deportivas requieren contratos que regulen aportaciones, responsabilidades y mecanismos de salida. El caso de la Superliga pone el foco precisamente en ese último aspecto: el coste de abandonar un proyecto antes de que llegue a funcionar.
Para los clubes ingleses, la retirada de abril de 2021 fue una respuesta a una crisis deportiva, institucional y reputacional. La presión de sus aficionados convirtió su permanencia en la competición en una decisión difícil de sostener. Cinco años después, aquella marcha vuelve a examinarse desde una perspectiva diferente: las posibles obligaciones financieras de los socios que participaron en su lanzamiento.
El importe definitivo, el reparto de las aportaciones y la exigibilidad de los compromisos dependerán de la documentación contractual y, en caso de desacuerdo, de los mecanismos jurídicos que correspondan.
Por ahora, la reclamación del Real Madrid no equivale a una deuda reconocida por los seis clubes. Tampoco significa que exista ya una condena judicial ni permite dar por hecho que los 80 millones acabarán siendo abonados.
Lo que sí demuestra es que el final de un proyecto deportivo no siempre coincide con el cierre de sus cuentas. La Superliga apenas sobrevivió unos días como competición anunciada, pero los compromisos adquiridos durante su preparación pueden prolongar sus consecuencias durante años.
Los doce fundadores querían repartirse el futuro del fútbol europeo. Cinco años después, la disputa consiste en decidir quién debe pagar por el futuro que nunca llegó.
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