El estadio de Vallecas volvió a abrir sus puertas este sábado para recibir al Athletic Club después de meses de incertidumbre, pero apenas hubo tiempo para hablar de fútbol. En el minuto 13, coincidiendo con una protesta contra Raúl Martín Presa, el lanzamiento de aviones de papel y pequeñas pelotas de plástico obligó a interrumpir el encuentro. Los incidentes continuaron, algunos objetos alcanzaron el terreno de juego y el árbitro, José María Sánchez Martínez, terminó suspendiendo el partido al no poder garantizarse la seguridad. El regreso del Rayo a casa acabó convirtiéndose en otro episodio de una crisis que enfrenta desde hace meses a la presidencia, los aficionados y la Comunidad de Madrid.
La suspensión tiene responsables directos: quienes arrojaron los objetos que impidieron continuar el encuentro. Sin embargo, el conflicto que rodea al Rayo no empezó el sábado ni se explica únicamente por lo ocurrido en la grada. Antes del enfrentamiento con el Athletic, el club ya había tenido que disputar partidos lejos de su estadio, sus jugadores habían denunciado las condiciones de sus instalaciones y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había suspendido cautelarmente la concesión del recinto por las deficiencias detectadas. Una sucesión de acontecimientos que obliga a recuperar una pregunta bastante menos espectacular que los incidentes, pero fundamental para entender cómo se ha llegado hasta aquí: ¿quién tenía la obligación de mantener Vallecas en condiciones y quién debía vigilar que se cumpliera?
La respuesta no depende exclusivamente de las declaraciones de Presa ni de los reproches del Ejecutivo madrileño. Existe un acuerdo de concesión, actualizado en 2019, que establece responsabilidades concretas para las dos partes. Y algunas resultan especialmente relevantes a la vista de lo sucedido durante este año.
La letra pequeña del reino de Presa
El estadio de Vallecas pertenece a la Comunidad de Madrid, pero su utilización está cedida al Rayo Vallecano. En julio de 2019, el Ejecutivo regional aprobó la actualización de una concesión que sustituyó al convenio vigente desde 1989. El nuevo acuerdo establecía una duración de 20 años, con posibilidad de una única prórroga de otros diez, y obligaba al club a pagar por primera vez una tasa anual de 81.784,84 euros, revisable cada cinco años.
El importe era solo una parte de las condiciones. Según la información oficial publicada por la Comunidad de Madrid sobre el acuerdo de cesión, el Rayo asumía la obligación de conservar las instalaciones en perfectas condiciones de uso, sufragar los gastos derivados de su utilización y hacerse cargo de los suministros, la limpieza interior y exterior y los impuestos correspondientes, incluido el IBI.
El documento también contemplaba la elaboración de un Plan de Mantenimiento del Edificio, de obligado cumplimiento para el concesionario, además de auditorías técnicas periódicas para evaluar el estado de las instalaciones. No se trataba, por tanto, de una cesión sin contraprestaciones ni responsabilidades para la sociedad anónima deportiva presidida por Martín Presa.
Esto no significa que cualquier desperfecto del estadio pueda atribuirse automáticamente al club. La titularidad pública implica responsabilidades propias para la Administración y la distribución precisa de determinadas obras exige consultar el expediente correspondiente. Pero sí desmonta una lectura según la cual el mantenimiento cotidiano de Vallecas sería un asunto exclusivamente autonómico.
La diferencia quedó especialmente clara en febrero. Después de la suspensión del encuentro contra el Real Oviedo por el mal estado del terreno de juego, el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, compareció en la Asamblea regional para recordar que el mantenimiento del césped correspondía al Rayo Vallecano. También atribuyó al club las tareas de limpieza vinculadas al uso del recinto.
Las declaraciones no solucionaron el problema, pero dejaron constancia de que el Ejecutivo autonómico rechazaba asumir algunas de las deficiencias que habían alterado el calendario deportivo. Y situaron a Presa ante una obligación que figuraba en las condiciones de uso del estadio.
Ayuso también jugaba este partido
El acuerdo de 2019, sin embargo, no se limitaba a señalar las obligaciones del Rayo. También establecía mecanismos de supervisión para la Comunidad de Madrid. Las auditorías técnicas debían contar con el visto bueno de la Administración autonómica y, si el club no realizaba las reparaciones derivadas de ellas, el Gobierno regional podía concederle un plazo de seis meses y posteriormente ejecutar los trabajos de forma subsidiaria, trasladándole el coste.
Además, se creaba una Comisión Técnica encargada de evaluar el uso y el estado de las instalaciones. La presidencia correspondía a la Comunidad de Madrid, que disponía de voto de calidad, y el órgano debía reunirse al menos una vez al año. También se contemplaba la participación, con voz pero sin voto, de representantes de las peñas rayistas.
Este apartado abre un interrogante que va más allá de la responsabilidad de Martín Presa. Si el convenio establecía auditorías, revisiones y órganos de seguimiento, ¿cómo evolucionaron las deficiencias hasta desembocar en una suspensión de la concesión? ¿Qué controles se realizaron durante los años anteriores? ¿Qué reparaciones se exigieron y cuáles llegaron a ejecutarse?
Son preguntas que requieren consultar las actas de la comisión, las auditorías y las comunicaciones intercambiadas entre ambas partes. El contenido público del acuerdo permite identificar las obligaciones de supervisión, pero no demuestra por sí solo que la Administración las incumpliera.
La relación entre el club y el Gobierno madrileño terminó deteriorándose aún más durante el verano. La Comunidad suspendió cautelarmente la concesión por las deficiencias de seguridad y salubridad detectadas en el recinto, una medida que obligó al Rayo a trasladar sus partidos como local al estadio de Butarque, en Leganés.
El club defendió su posición frente a esa decisión. En un comunicado del 2 de septiembre, aseguró que, tras una inspección técnica, los profesionales que habían revisado las instalaciones trasladaron a sus representantes que el estadio cumplía las condiciones exigibles de seguridad y salubridad. Era la versión de la entidad, enfrentada al criterio que había justificado la intervención autonómica.
La controversia dejó al Rayo atrapado entre dos administradores de responsabilidades diferentes: una sociedad privada que explota el recinto y una Administración pública que conserva su titularidad y capacidad de supervisión. Y, en medio, miles de aficionados que habían pagado por seguir a su equipo en Vallecas y terminaron desplazándose a otro municipio.
Crónica de una suspensión anunciada
La crisis tampoco sorprendió al vestuario. Meses antes del episodio contra el Athletic, los futbolistas y el cuerpo técnico habían expresado públicamente su malestar por las condiciones de trabajo y las instalaciones. El conflicto, por tanto, no se circunscribía a las peñas ni a los sectores más enfrentados con la presidencia.
El traslado a Butarque terminó ampliando el descontento. Una parte de los abonados impulsó reclamaciones para recuperar el dinero correspondiente a los partidos que no pudieron disfrutar en el estadio para el que habían adquirido sus localidades. Las críticas a Presa se extendieron hasta convertir su continuidad en uno de los principales motivos de protesta alrededor del club.
El sábado, esa tensión alcanzó un punto de ruptura. El encuentro ante el Athletic quedó suspendido por los lanzamientos reiterados desde la grada. La decisión arbitral respondió a la imposibilidad de garantizar la seguridad. La respuesta del Rayo fue señalar directamente a Bukaneros, a quienes responsabilizó de una actuación organizada para impedir la celebración del partido. El club defendió que había adoptado medidas preventivas y anunció actuaciones para identificar a los implicados, según informó la Cadena SER.
Pero la condena de lo ocurrido el sábado no resuelve los problemas anteriores. La presidencia sigue teniendo que explicar cómo ha cumplido sus obligaciones sobre las instalaciones, mientras que la Comunidad de Madrid debe rendir cuentas sobre el seguimiento de una concesión que lleva años bajo su supervisión. Son responsabilidades distintas, que no desaparecen por el comportamiento de una parte de los aficionados.
Después de la suspensión, el capitán Óscar Valentín reclamó una solución y reconoció que no se había hecho lo suficiente para evitar llegar a esta situación. Su intervención resume el desgaste de un vestuario obligado a convivir con una crisis que excede lo deportivo. Mientras se discuten los responsables del lanzamiento de objetos y las posibles consecuencias disciplinarias, sigue pendiente aclarar qué ocurrió con el mantenimiento del estadio, qué controles se realizaron y cómo se llegó a un enfrentamiento tan prolongado.
Vallecas tiene dueño público, concesionario privado y una afición que reclama explicaciones a ambos. El acuerdo de 2019 permite conocer buena parte de sus obligaciones. Lo que todavía necesita respuestas es cómo se cumplieron.
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