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El caso del Manchester City empezó mucho antes de que aparecieran los 115 cargos y puede terminar mucho después de que se conozca su sanción. La Premier League abrió su investigación en 2019, después de las informaciones sobre las cuentas del club que habían provocado también una investigación de la UEFA. En febrero de 2023 llegó la acusación formal: 115 posibles incumplimientos de las reglas de la competición correspondientes principalmente al periodo comprendido entre 2009 y 2018. La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y terminó en diciembre de ese mismo año. Ahora, en septiembre de 2026, se ha conocido que la comisión habría considerado probada la totalidad de las acusaciones, aunque la resolución escrita todavía no se ha publicado oficialmente y el City prevé recurrir.
Son más de siete años desde el inicio de la investigación de la Premier y más de tres desde la presentación de los cargos. Un periodo extraordinariamente largo para cualquier procedimiento deportivo, pero especialmente significativo en una competición que genera miles de millones de libras y que ha construido buena parte de su modelo sobre la idea de que sus propios clubes aceptan unas reglas comunes.
La Premier es juez, pero también es una liga de clubes
Aquí está una de las peculiaridades del caso. La Premier League es una sociedad privada cuyos accionistas son sus 20 clubes, mientras que la FA mantiene una acción especial. Cada club tiene un voto y las principales modificaciones reglamentarias necesitan el respaldo de 14 de los 20 equipos. La propia competición define este funcionamiento como un sistema de autorregulación: los clubes acuerdan las reglas que después deben cumplir.
Eso no significa que sean los clubes quienes deciden directamente cada expediente disciplinario. Desde 2019, la Premier cuenta con un Judicial Panel completamente independiente, cuyo presidente selecciona a los integrantes de las comisiones encargadas de estos procedimientos. Cuando se remite una infracción grave a una comisión independiente, esta dispone de amplios poderes para imponer multas y sanciones deportivas.
El diseño intenta solucionar precisamente el conflicto que plantea un sistema autorregulado: los clubes crean las reglas, pero un órgano independiente debe decidir qué ocurre cuando uno de ellos las incumple. El City es la prueba más exigente de ese mecanismo porque no se trata de un club cualquiera. Durante buena parte del periodo investigado se convirtió en una potencia del fútbol inglés, ganó tres Premier League entre 2009 y 2018 y posteriormente amplió todavía más su peso deportivo y económico. Resolver el expediente implica, por tanto, aplicar las mismas reglas a una entidad que ha acumulado una capacidad jurídica, económica y deportiva extraordinaria.
El problema no es solo qué castigo llega, sino cuándo llega
La duración del proceso introduce una segunda cuestión. Una regla financiera pierde parte de su capacidad disuasoria si la respuesta llega muchos años después de las decisiones que pretende regular. Los cargos presentados en 2023 se refieren a hechos que, en su núcleo principal, se remontan a casi una década antes. La audiencia no terminó hasta diciembre de 2024 y el resultado se ha conocido de forma todavía parcial casi dos años después. Durante todo ese tiempo, el Manchester City ha continuado compitiendo, fichando, vendiendo jugadores y ganando títulos.
Esto no implica que el procedimiento sea inválido o que una investigación compleja pueda resolverse de forma inmediata. Al contrario: el volumen del expediente ayuda a explicar la duración. Los cargos abarcan 54 acusaciones relacionadas con la supuesta falta de información financiera precisa, 14 sobre información relativa a pagos a jugadores y entrenadores, cinco relacionadas con las reglas de UEFA, siete con las normas de sostenibilidad de la Premier y 35 por presunta falta de cooperación con la investigación.
Precisamente por eso el caso se ha convertido en algo más que un expediente contable. También es una prueba de la capacidad administrativa y jurídica de una competición para cerrar un procedimiento extraordinariamente complejo sin que el tiempo termine convirtiéndose en parte del problema.
El City puede recurrir y la historia todavía puede durar años
Y ni siquiera la resolución de la comisión supone necesariamente el final. El procedimiento contempla una segunda fase de apelación, que puede modificar el resultado de la primera instancia. El proceso se desarrolla además bajo estrictas reglas de confidencialidad, por lo que la información pública sobre el contenido concreto de la resolución y sobre las siguientes fases llega de forma limitada.
El propio Manchester City ha mantenido su defensa y sus dirigentes han señalado públicamente que están dispuestos a continuar con el proceso. Su CEO, Ferran Soriano, llegó a advertir el 28 de septiembre de que el procedimiento podría prolongarse todavía durante años por su complejidad.
Eso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para cualquier sistema regulatorio: ¿cuánto tiempo puede durar una batalla legal antes de que la propia demora afecte a la capacidad de la norma para ordenar la competición?
La Premier ya ha demostrado que puede sancionar a clubes por sus cuentas. Everton y Nottingham Forest recibieron deducciones de puntos por incumplimientos de las reglas de sostenibilidad, y en 2026 Leicester también vio confirmada una sanción de seis puntos tras su apelación. Son casos mucho más pequeños en dimensión y complejidad, pero prueban que el mecanismo existe y que puede terminar en consecuencias deportivas. El City obliga a llevar esa prueba mucho más lejos.
