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La Premier League ha decidido proteger económicamente a sus máximos dirigentes ante las posibles consecuencias judiciales del caso Manchester City. Los veinte clubes de la competición inglesa se reunieron este jueves en Londres y aprobaron, por 18 votos a favor y dos en contra, una modificación de sus normas internas que amplía la cobertura de los gastos legales de los miembros de su consejo de administración. Una decisión que llega después de que dos patrocinadores del conjunto dirigido por Pep Guardiola amenazaran con emprender acciones judiciales tras conocerse el fallo de una comisión independiente sobre las irregularidades financieras del club.
La votación ha dejado una división significativa. El Manchester City y el Nottingham Forest fueron los únicos equipos que rechazaron la propuesta, según informaron Sky Sports y The Guardian. Para sacar adelante la modificación bastaban 14 votos, equivalentes a dos tercios de los participantes, pero la iniciativa consiguió un respaldo mucho más amplio. El objetivo es evitar que los responsables de dirigir y supervisar la competición tengan que afrontar personalmente los costes económicos derivados de determinadas demandas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Entre los beneficiarios figuran Richard Masters, consejero delegado de la Premier League, y Alison Brittain, presidenta de la organización, además de los tres consejeros no ejecutivos Mai Fyfield, Dharmash Mistry y Matthew Ryder. La modificación amplía las garantías de indemnidad de los cinco directivos frente a posibles procedimientos judiciales, aunque no les concede inmunidad ni impide que puedan ser demandados.
El cambio tiene un destinatario indirecto muy concreto: el Manchester City. En septiembre, una comisión independiente concluyó que el club había cometido más de un centenar de infracciones de las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. Según el dictamen, la entidad había utilizado contratos de patrocinio simulados para incrementar artificialmente sus ingresos en aproximadamente 830 millones de libras, dentro de un sistema que ocultaba parte de su verdadera financiación.
La resolución supuso un nuevo capítulo en uno de los procedimientos más importantes de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, el Manchester City rechaza las conclusiones y ha presentado un recurso, por lo que el proceso todavía no está definitivamente resuelto. El club sostiene que dispone de pruebas que respaldan su posición y cuestiona tanto el contenido del fallo como la imparcialidad del procedimiento.
La controversia también ha alcanzado a sus patrocinadores. Etihad Airways, la aerolínea de Abu Dabi que mantiene una relación comercial con el City desde 2009, denunció que las conclusiones de la comisión podían perjudicar su reputación. La compañía aseguró que no había tenido oportunidad de aportar determinada información relevante durante el procedimiento y anunció que estaba estudiando las vías legales disponibles para defender sus intereses.
Una posición similar ha expresado Etisalat, el grupo de telecomunicaciones emiratí vinculado comercialmente al Manchester City, que considera falsas y difamatorias las conclusiones que le afectan. La compañía también ha manifestado que estudia posibles acciones judiciales. La amenaza de estas reclamaciones ha llevado a la Premier League a revisar la protección económica de sus dirigentes ante la posibilidad de que sean demandados individualmente.
La cuestión no es menor. Una demanda de estas características podría implicar gastos jurídicos muy elevados, especialmente si el litigio se prolonga durante años. Con las modificaciones aprobadas, los clubes refuerzan la cobertura financiera de quienes toman las decisiones en nombre de la competición. La nueva protección desplaza así el riesgo económico de determinadas reclamaciones personales hacia la estructura de la Premier League y, en última instancia, sus clubes miembros.
No obstante, todavía quedan aspectos por concretar públicamente. Según The Guardian, durante la reunión no se discutieron los detalles del incremento de las indemnizaciones ni el reparto específico de los eventuales costes. Por tanto, no puede determinarse por ahora cuánto dinero tendría que aportar cada entidad si finalmente se presenta una demanda.
La oposición del Nottingham Forest introduce, además, un matiz importante. Según fuentes próximas al club citadas por Sky Sports, su rechazo no respondió a una muestra de solidaridad con el Manchester City. El Forest consideró que no había recibido información suficiente ni había dispuesto del tiempo necesario para estudiar las consecuencias de la modificación. A su juicio, una decisión con posibles implicaciones económicas tan relevantes requería un análisis más exhaustivo antes de someterse a votación.
La posición del City, por su parte, se produce en medio de su enfrentamiento judicial con la organización que regula la competición en la que participa. El club mantiene su impugnación del fallo, mientras que sus patrocinadores estudian actuaciones que podrían ampliar el conflicto más allá de las propias normas financieras del fútbol.
La Premier League, constituida como una organización en la que los veinte clubes participantes tienen capacidad de voto, se encuentra así ante un escenario poco habitual. Los mismos equipos sometidos a su supervisión han decidido ampliar las garantías económicas de quienes deben ejercer esa labor reguladora, incluso cuando sus decisiones pueden desencadenar enfrentamientos judiciales con algunos de sus miembros.
La votación del jueves no resuelve el procedimiento contra el Manchester City ni determina qué ocurrirá con las posibles demandas de sus patrocinadores. Pero sí establece quién contará con respaldo económico si el enfrentamiento termina trasladándose a los tribunales: los cinco miembros del consejo de administración de la Premier League tendrán una mayor protección frente a los gastos derivados de las reclamaciones relacionadas con su trabajo.






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