Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Durante más de una década, City Football Group ha construido su imperio futbolístico alrededor de una red de clubes con el Manchester City como joya de la corona. Un entramado que comparte capital, estructuras deportivas, captación de talento y conocimiento. El modelo se ha extendido desde Inglaterra hasta España, pasando por Estados Unidos, Australia, Brasil e incluso Uruguay, siendo una de las expresiones más reconocibles del término multipropiedad. El fallo que acaba de sacudir al equipo británico deja de relieve una cuestión menos habitual. ¿Qué ocurre en esa estructura cuando las noticias que salen de Manchester hablan de graves infracciones financieras?
Las primeras reacciones fuera de las islas británicas han llegado desde Australia. La Australian Professional League (APL), tutora de las principales competiciones profesionales del país, ha anunciado que analizará con detenimiento las conclusiones de la comisión independiente que ha declarado al Manchester City culpable de los 115 cargos que se le imputaban. Melbourne City pertenece también al entramado del City Football Group, aunque la APL ha precisado – por el momento – que el club australiano no está siendo investigado, sino que se limitará a examinar el fallo inglés y sus posibles implicaciones.
El movimiento no exporta el caso más allá de Inglaterra, ni ramifica las infracciones al resto de clubes del entramado emiratí. Sí introduce, sin embargo, una derivada distinta en una investigación que hasta ahora se había leído exclusivamente en clave inglesa. La resolución afecta al Manchester City, pero la reacción de la A-Leagues recuerda que el club forma parte de una organización que opera en multitud de campeonatos en prácticamente la totalidad de los continentes y bajo reguladores diferentes.
Nueve temporadas y más de 900 millones
El pasado 29 de septiembre, la Premier League publicó las conclusiones esenciales de la comisión independiente encargada de estudiar las acusaciones contra el City. El organismo dio por acreditadas todos y cada uno de los cargos imputados a los sky blues, tocantes a infracciones financieras graves cometidas durante nueve temporadas – entre la 2009-2011 y la 2017-2018 -, así como tres de los cuatro incumplimientos planteados por la falta de cooperación con la investigación.
Las conclusiones de la comisión apuntan a que el club recurrió durante ese periodo a contratos comerciales que no reflejaban acuerdos reales entre las partes. Parte de los pagos que figuraban como ingresos procedentes de patrocinadores habría sido financiada en realidad por Abu Dhabi United Group (ADUG), entonces propietario del Manchester City. La resolución del ente describe mecanismos empleados para registrar gastos inferiores a los realmente asumidos, como acuerdos relacionados con derechos de imagen de los jugadores.
Así, según la premier, el efecto conjunto de estos mecanismos permitió al City inflar artificialmente los ingresos y reducir costes contabilizados en más de 900 millones de libras. La comisión concluye además que las cuentas presentadas por el club no reflejaron correctamente su situación financiera y que, de haberse declarado los acuerdos tal y como funcionaban realmente, el City habría incumplido ampliamente tanto los límites de gasto de la Premier como los de UEFA.
El procedimiento todavía no ha terminado. La sanción se decidirá en una vista posterior y las normas permiten desde multas hasta deducciones de puntos u otras medidas deportivas. El City dispone además de la posibilidad de recurrir las conclusiones. Tras hacerse pública la resolución, el club mostró su rechazo al fallo y anunció que recurriría una decisión que, a su juicio, contiene errores de hecho y de derecho.
Una red global de clubes
Es ahí donde aparece la segunda derivada del caso. City Football Group nació en 2013 y presenta actualmente una estructura internacional que incluye a, además de al Manchester City, Girona, Palermo, Troyes, Lommel, New York City FC, Bahia, Montevideo City Torque, Melbourne City y Shenzhen Peng City, además de vínculos con Yokohama F. Marinos y Club Bolívar. La compañía describe su modelo como una organización global que permite a sus clubes beneficiarse de estructuras comunes de conocimiento deportivo y desarrollo de talento.
Esa red explica por qué una resolución adoptada por la Premier ha encontrado eco inmediato en Australia. Existe, además, una conexión directa entre las estructuras de gobierno. Simon Pearce, miembro del consejo de administración del Manchester City y vicepresidente del Melbourne City, forma también parte del consejo de la APL. Esa coincidencia no implica ninguna irregularidad y The Guardian, que recoge el vínculo, señala igualmente que Melbourne City no forma parte de ninguna investigación.
La cuestión que aparece ahora es hasta dónde puede aislarse cada club cuando la principal ventaja del modelo consiste precisamente en formar parte de una organización compartida. No existe de momento ningún procedimiento contra otros equipos de CFG a raíz del fallo inglés, pero el caso australiano demuestra que los reguladores de otras competiciones pueden considerar relevante lo ocurrido dentro del mismo grupo empresarial aunque se trate de otra competición diferente.
El caso del Girona y la multipropiedad
No es la primera vez que la expansión de City Football Group obliga a un regulador a examinar las relaciones entre sus clubes. Ocurrió con el Girona en 2024, aunque por un motivo completamente distinto.
La clasificación simultánea de Girona y Manchester City para la Champions 2024-25 llevó a la UEFA a abrir un procedimiento ante el posible conflicto con sus normas sobre propiedad multiclub. Estas impiden que una misma persona o entidad pueda ejercer simultáneamente control o influencia decisiva sobre dos participantes en una competición europea.
La UEFA terminó admitiendo a ambos clubes después de que City Football Group introdujera cambios en la propiedad y gobernanza del Girona. Su participación fue trasladada a un fideicomiso independiente, una solución excepcional aceptada para aquella temporada con el objetivo de limitar la capacidad del inversor de intervenir simultáneamente en ambos equipos. La decisión también restringía determinadas relaciones deportivas, financieras y comerciales entre los clubes afectados.
Aquel expediente no guarda relación con las actuales infracciones financieras del Manchester City y conviene no mezclarlos. Sí sirve para ilustrar una dificultad inherente a estas estructuras: cuanto mayor es la integración que permite aprovechar recursos comunes, más atención deben prestar los reguladores a la independencia efectiva de cada equipo.
La otra cara del modelo multiclub
City Football Group no es una excepción aislada. La propiedad multiclub ha crecido durante los últimos años impulsada por fondos de inversión, grandes fortunas y compañías que han encontrado en el fútbol una forma de construir redes internacionales. En ellas pueden compartirse sistemas de captación, análisis de datos, conocimiento técnico, departamentos comerciales y vías para desarrollar jugadores en distintos mercados.
El modelo también lleva tiempo chocando con preguntas sobre conflictos de intereses, movimientos de futbolistas, independencia de los clubes o integridad de las competiciones. El expediente del Girona fue una manifestación directa de esas tensiones regulatorias. Melbourne añade ahora otra dimensión: la reputación y las decisiones adoptadas en uno de los clubes pueden obligar al resto del entramado a dar explicaciones o, al menos, a revisar su posición.
Por ahora, eso es exactamente lo que ha ocurrido en Australia. No hay cargos contra Melbourne City, ninguna investigación ha saltado de la Premier a la A-League y tampoco existe una consecuencia automática para el resto de clubes de CFG. Hay una organización australiana que ha decidido examinar el fallo contra el Manchester City porque uno de sus participantes pertenece al mismo grupo.
