El pasado 20 de diciembre, después de muchos intentos de diálogo y búsqueda de soluciones sin resultados, 38 trabajadores de Zumosol de la fábrica de Palma del Río decidieron pasar a la acción. Desde ese día, del que ya nos distancian casi cinco meses, los trabajadores permanecen acampados en las instalaciones de la fábrica, a la intemperie. A esta protesta se suma ahora una manifestación convocada para este viernes 13 de mayo por los trabajadores. “Necesitamos el apoyo de toda la gente que pueda”, declara Fernando Trujillo, representante de los trabajadores.

 

Los trabajadores se encuentran actualmente en situación de desempleo. Sin embargo, su situación laboral ha ido variando desde que comenzó su protesta. A finales del año pasado, cuando dio comienzo, los trabajadores “no estábamos ni despedidos ni dados de alta en la empresa. Estábamos en un limbo administrativo”, según cuenta Fernando Trujillo a ElPlural.com. El representante también denuncia que desde el SEPE les comunicaron que, al no estar oficialmente despedidos, no tenían derecho a la prestación por desempleo ni a la indemnización por despido.

No fue hasta que se desplazó hasta el lugar la Inspección de Trabajo, a petición de los empleados, cuando se constató que los 38 no estaban desarrollando su actividad laboral. Dos meses pasaron desde que empezó la situación hasta que les reconocieron la no actividad laboral. Dos meses sin cobrar ni su sueldo ni ninguna prestación por desempleo.

Si sumamos ese tiempo al del ERTE decretado ilegal por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a los meses posteriores en lo que los trabajadores no han sido oficialmente despedidos ni, en consecuencia, han recibido retribución ni indemnización por despido, estaríamos hablando de 12 meses que los trabajadores entienden que se les adeudan. Un año de nóminas impagadas.

En este escenario, a parte de los trabajadores, existen dos actores principales más. Las empresas Zumos Palma Zumosol y Cegeplas SL, una empresa de gestión y suministro de plásticos. El problema comenzó cuando Cegeplas decidió comprar la fábrica a Zumos Palma, los propietarios, pero 19 días después de hacerlo, y alegando incidencias, se deshicieron de ella y dieron de baja a los trabajadores de la Seguridad Social de forma retroactiva. Ahora, ninguna de las empresas asume la propiedad de la fábrica ni se hace cargo de los trabajadores y sus indemnizaciones.

Estos últimos, si bien pretenden luchar por sus puestos de trabajo, piden que por lo menos alguien les despida y les abone la indemnización correspondiente. Lo tienen muy claro los trabajadores, que acusan a la empresa de plásticos de ser una empresa pantalla utilizada por Zumosol para despedirles y no asumir los costes. Los representantes sindicales han solicitado el contrato de compraventa, al que tienen derecho acceder, pero no han podido verlo. De hecho, Trujillo apunta que “suponemos que ni siquiera existe”. Además, señalan las cuentas de la empresa, que mostraban que no tenían capital suficiente para poner la fábrica en marcha, y su actividad principal, la gestión de plásticos, como indicios de sus sospechas.

Campamento a la interperie de los trabajadores. Fotografía tomada por los trabajadores.

Desde ElPlural.com hemos contactado con Zumos Palma, perteneciente al grupo turco Toksöz y comercializadora de Zumosol, para conocer su versión de la situación. Alberto Ribas, director de Marketing y Ventas de Zumosol y Pernigotti, ha negado que Cegeplas sea una empresa pantalla y que toda la situación sea una estratagema de Zumosol, alegando que ellos también han perdido los 17 millones de euros de la operación de transacción.

El directivo ha reconocido estar muy preocupado y buscando una solución “para los trabajadores y la comarca” y señala a los trabajadores porque, según el director, “lo extraño es que los trabajadores o los sindicatos vayan por un lado opuesto a la solución que se está buscando a la venta fallida”. Zumosol sigue buscando comprador y los trabajadores aseguran haber visto en las instalaciones a Ribas con posibles compradores. No obstante, esta situación es controvertida pues están buscando comprador para una fábrica que aseguran que no es de su propiedad.

Al margen de la propiedad, que decidirá el Tribunal Supremo, el director de Marketing ha asegurado que “cualquier responsabilidad que tenga Zumos Palma la va a asumir”. El responsable añade que “los trabajadores van a tener su indemnización si no continúan, pero se está buscando la solución para que la fábrica continúe. Si al final no hay un comprador, Zumos Palma se hará cargo”. Algo a lo que están obligados por la responsabilidad solidaria.

Mientras no llega una solución ni la resolución judicial, los trabajadores siguen resistiendo en las instalaciones y cobrando la prestación por desempleo, sobre lo que Alberto Ribas reconoce que “la parte buena es que se ha conseguido que estén cobrando el desempleo, no están desamparados”. Algo que no suscriben los trabajadores que sostienen que sus prestaciones son muy bajas y se les están agotando. Desde ElPlural.com hemos intentado contactar también con la otra empresa, Cegeplas, pero no han atendido las llamadas.

El último actor implicado en esta problemática es la Junta de Andalucía. Este periódico ha querido conocer las actuaciones que la Junta está llevando a cabo, si es que así fuese, para solucionar la situación. Las preguntas de ElPlural.com han sido atendidas por Carmen Martínez Garvín, delegada territorial en Córdoba de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. La delegada asegura que su consejería está teniendo “actitud activa en este conflicto, incluso antes del inicio del mismo. Siempre ofreciendo las herramientas y recursos de los que dispone”.

Aunque los trabajadores no consideran que la Junta esté actuando como debería, Martínez afirma que están realizando “todo lo posible, siempre desde las competencias que tenemos atribuidas” y asumiendo la posición de mediador. “Hemos intermediado, corregido informes, estudiado expedientes de regulación de empleo y un largo etcétera de procedimientos para intentar salvaguardar en todo momento que este conflicto finalice sin pérdida de empleo”, asegura.  

El encierro se extiende ya 144 días y no parece que vaya a finalizar, aunque Trujillo confiesa que “la gente está muy quemada y psicológicamente estamos todos un poco tocados”. Ninguna de las dos empresas quiere asumir la propiedad ni hacerse responsable y la Junta de Andalucía ha asumido una posición de mediación, asegurando que no puede hacer nada más. Mientras, los trabajadores siguen acampados, sin trabajo, sin cobrar sus indemnizaciones ni sus sueldos, agotando sus prestaciones, pero con la convicción de que no cejarán en su protesta hasta solucionar la situación.