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Yolanda Díaz afronta este lunes una votación decisiva para sus aspiraciones internacionales. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo opta a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su candidatura se medirá a la del actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo, que aspira a la reelección y llega con el respaldo público de las principales organizaciones internacionales de empresarios y sindicatos.
La elección comenzará a las 10:00 horas en Ginebra, donde los miembros del Consejo de Administración de la OIT decidirán mediante votación secreta quién dirigirá el organismo durante los próximos cinco años. La cita se ha convertido en un pulso entre la continuidad de Houngbo, que ocupa el cargo desde 2022, y la renovación que propone Díaz, partidaria de reforzar el diálogo social y recuperar la influencia de la organización en la regulación internacional del trabajo.
La retirada del tercer aspirante, el exministro peruano Javier González-Olaechea, a comienzos de noviembre dejó la elección reducida a dos candidaturas. Houngbo parte con ventaja después de recibir el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), aunque esos pronunciamientos no garantizan el resultado de la votación.
La decisión de la CSI ha provocado discrepancias entre las organizaciones sindicales. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) respalda a la vicepresidenta española, mientras que los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han cuestionado el apoyo de la organización mundial al actual director general.
Una elección con 56 votos y los sindicatos divididos
El Consejo de Administración de la OIT está formado por 56 representantes: 28 de gobiernos, 14 de organizaciones empresariales y otros 14 de sindicatos. Si todos participan en la votación, el candidato vencedor necesitará al menos 29 apoyos.
La composición del órgano explica la importancia de los respaldos anunciados. Las organizaciones patronales internacionales se han posicionado a favor de Houngbo, mientras que el movimiento sindical llega dividido a la elección.
Sin embargo, los representantes pueden votar con independencia de las recomendaciones de sus organizaciones, de modo que el apoyo de la OIE y la CSI no equivale automáticamente a disponer de todos los sufragios empresariales y sindicales.
La candidatura de Díaz mantiene sus opciones pese a esos pronunciamientos. El voto de los representantes gubernamentales será especialmente relevante para determinar si la vicepresidenta consigue reunir una mayoría suficiente frente al actual director general.
Fundada en 1919, la OIT reúne a 187 Estados miembros y se distingue por su estructura tripartita, que incorpora a gobiernos, empresarios y trabajadores en sus órganos de decisión. Su actividad se centra en la elaboración de normas laborales internacionales, la protección social, el empleo y el diálogo social.
El candidato que resulte elegido no asumirá inmediatamente el cargo. El nuevo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 y tendrá una duración de cinco años.
La Carta Global de Derechos Laborales, el principal proyecto de Díaz
La vicepresidenta formalizó su candidatura en agosto con el programa Recuperar el liderazgo de la OIT: El diálogo social como faro de la justicia social en un mundo en transformación.
En ese documento, Díaz sostiene que la organización atraviesa una "encrucijada crítica" y advierte de que sus dificultades financieras y de funcionamiento podrían representar un "riesgo existencial" para el cumplimiento de su mandato.
Su propuesta más destacada es la creación de una Carta Global de Derechos Laborales, concebida como un convenio internacional que reúna los principios desarrollados por la OIT y los adapte a los desafíos del mercado laboral actual.
El objetivo es establecer un "suelo universal" de protección para las personas trabajadoras, con garantías comunes ante los cambios derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y las transformaciones económicas y medioambientales.
La candidata también plantea impulsar una estrategia internacional para regular el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo. Su programa propone abordar esta cuestión en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2027 mediante una iniciativa tripartita.
Entre sus prioridades figuran la protección social, los salarios dignos, la negociación colectiva y la igualdad de género, junto con el apoyo a las empresas sostenibles y la competencia justa.
Otro de los ejes de su candidatura es la financiación de la OIT. Díaz propone captar contribuciones voluntarias de gobiernos, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de cooperación público-privada. Defiende que estas aportaciones sean plurianuales, no estén condicionadas a proyectos concretos y permitan reforzar los fondos estratégicos de la organización.
También contempla ajustes financieros internos, aunque sostiene que deberán negociarse con la representación sindical y respetar los acuerdos colectivos.
En el plano institucional, la vicepresidenta apuesta por reforzar la participación del Sur Global y ampliar la presencia de trabajadores y empleadores en las decisiones del organismo.
Díaz reivindica su trayectoria al frente del Ministerio de Trabajo como uno de los principales avales de su candidatura. Desde Moncloa destacan la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios, la regulación del trabajo en plataformas digitales y las subidas del salario mínimo interprofesional impulsadas durante su mandato. El Gobierno también recuerda que España ha ratificado 141 convenios de la OIT, la cifra más alta entre sus Estados miembros.




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