La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se desentiende de la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública encargada del ciclo integral del agua en la Comunidad, y pone en riesgo los puestos de trabajo de 154 madrileños. Así lo denuncian los sindicatos que apuntan que la plantilla “podría quedar sin empleo, sin indemnización y sin prestaciones por desempleo”, asegura Yolanda Rodríguez, responsable de UGT en lo relativo al Canal de Isabel II, a ElPlural.com.

El Canal ya había reducido el servicio de atención presencial y perpetrado políticas de debilitamiento del servicio público y de precarización laboral. Por estas razones los sindicatos han convocado una huelga y una concentración este lunes frente a las instalaciones del servicio público. En pleno Debate del Estado de la Región, donde correrá cuentas Isabel Díaz Ayuso, los sindicatos esperan que la situación se ponga sobre la mesa para escuchar las justificaciones de la presidenta.

La problemática dio comienzo en el momento en el que la Comunidad de Madrid decidió dividir en dos los lotes de servicios sacados a concurso público, dejando el futuro laboral de los trabajadores en manos de empresas privadas que, por el momento, no garantizan la continuidad de la plantilla de contact center. “El consejero delegado (de la Comunidad) se comprometió a la subrogación, pero no ha noticias. Les dejan abandonados”, señala Rodríguez.

La portavoz sindical señala además que lo salarios de los trabajadores no llegan a los 800 euros, a causa de las jornadas reducidas, y que la plantilla está muy feminizada y envejecida, debido a los años de antigüedad y a la experiencia de esta. Ante esta situación, los sindicatos (UGT, CCOO y CGT) han acudido a las autoridades comunitarias buscando ayuda y exigiendo garantías para los trabajadores y sus familias, pero no han recibido “nada en absoluto”.

Degeneración del servicio público

“Es un servicio muy complejo y requiere de unos conocimientos y un tratamiento exquisitos”, asegura Rodríguez. La portavoz de UGT destaca que la denigración del servicio público en Madrid viene de lejos y que en estos momentos la atención al ciudadano ya contempla un tiempo de espera de 20 minutos, “no quiero pensar a partir de noviembre”, sostiene.

Además, como lamenta Rodríguez, más de 150 familias pueden quedarse en una situación extrema de cara a septiembre, teniendo que afrontar la vuelta al cole de los más pequeños y en un momento de gran incertidumbre económica. “Viene siendo una practica habitual cuando las licitaciones salen a concurso”, afea Rodríguez. De no aplicarse la subrogación, los trabajadores se verán en la calle o, en el caso de mantener su puesto de trabajo, pueden perder la antigüedad y verse degradados laboralmente.