UGT Servicios Públicos ha destacado que la última propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, presentada este lunes, incluye varias de las peticiones del sindicato para lograr un texto que permita solucionar el problema de la interinidad en las Administraciones Públicas.
El texto, avanzado por el Gobierno en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temporalidad de la Mesa General de Negociación, aborda la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del empleado Público para atajar el problema de la temporalidad, generado por la "actuación irregular de muchas administraciones", según el sindicato, así como evitar que vuelva a reproducirse.
“Hay que recordar que actualmente la tasa de precariedad se sitúa en un 30% y mantiene a cientos de miles de personas en situación de abuso en la contratación”, critica UGT.
Para evitar nuevas bolsas de precariedad en las Administraciones, el artículo reformado tipifica las formas contratación temporal y define cuándo se produce una situación de abuso. También estipula plazos temporales concretos para sacar las plazas a oferta, entre los que pasan convocarse durante el mismo año o al año siguiente al que fue contratado el interino. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones de tipo disciplinario o patrimonial, entre otras, informa el sindicato.
Indemnizaciones de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente
La propuesta, que el Ministerio se ha comprometido a remitir por escrito antes de la próxima reunión del grupo de trabajo de interinos, fechada para el próximo jueves 24 de junio, incluye otros elementos esenciales para evitar que vuelvan a crearse situaciones de abuso, como indemnizaciones por despido improcedente, que podrán percibir aquellos interinos que estén más de tres años en situación de interinidad a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa. Las indemnizaciones estarían en 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades.
Al mismo tiempo, el proceso de estabilización propuesto, al que podrán concurrir las personas afectadas, tendrá unas características diferentes a los que se han planteado anteriormente, siempre garantizando los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad, lo que permitirá su desarrollo jurídico.
Se tratará, con carácter general, de un concurso oposición, adaptado a la normativa especifica en ámbitos como la sanidad y la educación. En este proceso se flexibilizará la fase de oposición y en la fase de concurso se va a primar la experiencia, especialmente en el puesto de trabajo.
UGT ha pedido en la negociación que se incorpore una clausula social, con la posibilidad de reubicar a aquellas personas que no hayan podido regularizar su situacion a través de los procesos de estabilización. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a abrir, a partir de septiembre, un calendario de negociación y diálogo social que aborde otros aspectos del empleo público como la promoción interna, la provisión de puestos, la movilidad o la carrera profesional.
El sindicato reconoce que aún queda margen en la negociación para seguir mejorando aspectos del texto propuesto y alcanzar la mejor norma posible para reducir la tasa de temporalidad, evitar nuevas bolsas de precaridad y despejar la incertidumbre en la que viven actualmente cientos de miles de interinos.
