El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar por concluidas las negociaciones con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tras una vez meses de diálogo infructuoso para reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas en 2025. Ante la negativa de la patronal a respaldar esta medida, el Gobierno buscará el acuerdo únicamente con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), con el objetivo de aprobar un proyecto de ley en los próximos meses.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado la ruptura al término de la reunión de la mesa de diálogo social celebrada este jueves, en la que también participaron Cepyme, UGT y CCOO. “No parece de recibo que después de 11 meses de trabajo, la única respuesta de la patronal sea que esto solo puede resolverse mediante la negociación colectiva. Esto es, a estas alturas, una tomadura de pelo”, ha afirmado Pérez Rey en declaraciones a los medios.

La CEOE no se mueve del ‘no’

La CEOE ha mantenido desde el inicio de las negociaciones que cualquier reducción de la jornada laboral debe realizarse mediante acuerdos sectoriales o empresariales y no por una legislación estatal. Esta postura, reiterada en su comunicado oficial, defiende que imponer por ley un cambio en las horas de trabajo vulnera la autonomía de la negociación colectiva, principio básico de las relaciones laborales en España.

Sin embargo, desde el Ministerio aseguran haber planteado “opciones reiteradas y alternativas” para que la patronal se sumara al acuerdo, sin obtener respuesta. “Es incomprensible que tras 40 años sin cambios en la jornada laboral, se opongan a una medida lógica y acorde con los tiempos”, ha señalado Pérez Rey, quien ha exigido a la CEOE explicar por qué rechaza una medida que beneficiaría a 12 millones de trabajadores.

Acuerdo “inminente” con sindicatos

Ante el bloqueo empresarial, el Gobierno se enfocará ahora en un pacto con los sindicatos, que según el secretario de Estado, será “inminente”. Este acuerdo eliminará medidas destinadas a las empresas, como ayudas económicas o incentivos, que inicialmente se habían planteado para atraer a la patronal.

El nuevo texto legislativo incluye elementos clave como el registro horario, considerado esencial para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral y evitar abusos con horas extraordinarias no remuneradas. Además, los sindicatos han solicitado que el proyecto incorpore un aumento en el pago de las horas extra, con un recargo mínimo del 25%, para fomentar la creación de empleo en lugar de recurrir a prolongar las jornadas laborales.

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, respaldó esta posición y criticó que las propuestas iniciales destinadas a flexibilizar el acuerdo fueron diseñados para contentar a la patronal. “No nos corresponde a las organizaciones sindicales negociar medidas que favorezcan a las empresas cuando estas han abandonado el diálogo”, ha subrayado.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, ha añadido que las negociaciones deben avanzar rápidamente, ya que los sindicatos se sienten “cómodos” con el texto de consenso alcanzado en julio. Aunque no hay una fecha establecida para una nueva reunión, ambas organizaciones sindicales convencidas en que el acuerdo final estarán listos en las próximas semanas.

“Este es un compromiso del Gobierno de coalición”

A partir de este viernes, el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral se someterá a consulta pública, un trámite que, según Pérez Rey, refleja el compromiso del Gobierno con esta medida. Además, el Ejecutivo pretende agilizar la tramitación parlamentaria para que el proyecto sea aprobado en las Cortes Generales lo antes posible.

“Este es un compromiso del Gobierno de coalición, y haremos todo lo necesario para llevarlo al Congreso con urgencia”, ha asegurado el secretario de Estado, quien también destacó que el proyecto cuenta con un amplio respaldo político. En una votación previa en el Congreso, la propuesta recibió el apoyo o la abstención de todos los grupos parlamentarios excepto VOX.

La Uatae se desmarca de la postura de la CEOE

Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha expresado su rechazo a la postura de la CEOE. Esta negativa, según ha denunciado el sindicato, no solo pone trabas a un avance en la conciliación y el bienestar laboral, sino que también ha dejado sin efecto "un importante paquete de ayudas directas y bonificaciones destinadas a microempresas, autónomas y autónomos".

La desaparición de estas ayudas representa, "un retroceso en el apoyo a las pequeñas empresas y autónomos, que necesitan este tipo de incentivos para implementar cambios que mejoren su competitividad y el bienestar laboral".

Para la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, la postura de la CEOE supone "un duro golpe" para miles de autónomos y pequeñas empresas, que se quedan sin los incentivos necesarios para adaptarse a los nuevos modelos laborales. Así, ha remarcado que esta negativa es "un claro ejemplo de cómo se está dando la espalda a quienes sostienen el tejido productivo del país". "Las y los autónomos no pueden seguir siendo los grandes olvidados en las mesas de negociación, este rechazo no solo frena el progreso laboral, sino que también supone una pérdida de oportunidades para miles de personas que ya enfrentan múltiples desafíos económicos y estructurales", ha añadido Landaburu.

En consecuencia, el sindicato ha instado al Gobierno a explorar vías alternativas para que estas ayudas lleguen directamente a los autónomos y micropymes, sin depender exclusivamente de acuerdos con las grandes organizaciones empresariales. "No podemos permitir que la negativa de unos pocos paralice medidas que benefician a cientos de miles, es hora de que las y los autónomos sean escuchados y respaldados con medidas eficaces", ha concluido la secretaria general.