La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha propuesto este un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas para la reconstrucción del país que supondría una inversión de 32.000 millones de euros y la creación de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos para los perfiles más vulnerables, como oficiales, peones y trabajadores con poca formación. Juan Francisco Lazcano, presidente de la AEC, Jacobo Díaz, director general, y Elena de la Peña, subdirectora general técnica, han explicado este lunes su propuesta, que recibirán de inmediato el ministro de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y los consejeros de las Comunidades Autónomas.
"A diferencia de la crisis bancaria de 2008, en este momento hay una voluntad de la Unión Europea de atajar el mal sobrevenido a consecuencia del coronavirus", ha comentado Lazcano, consciente de la gravedad del momento. En su opinión, este plan es una "oportunidad de recuperación económica" que puede absorver buena parte de los empleos que van a perderse en sectores como la hostelería, los viajes y el pequeño comercio. "La carretera puede ayudar a hacer frente a una crisis sin precedentes", subraya la AEC.
Por otro lado, la AEC ve imprescindible que se actúe con urgencia en el ámbito de las infraestructuras viarias para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha asumido España en el marco de la agenda 2030.
El Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas se estructura en doce programas de actuación, seis en el ámbito interurbano y otros seis en los entornos urbanos, con una inversión total de 32.000 millones: unos 24.700 millones de euros y la creación de 345.000 puestos de trabajo directos en el primer caso, y 7.360 millones y 103.000 empleos directos en el segundo.
Lazcano ha explicado que el Gobierno obtendría un retorno fiscal de cerca del 49% de la inversión e concepto de IVA, otros imuestos y cuotas a la Seguridad Social. En la propuesta de financiación proponen, además de la colaboración público privada, una triple vía: los presupuestos ordinarios para carreteras, el superávit de las entidades locales y los fondos aprobados por la Comisión Europea para la reconstrucción, bautizados como “La Próxima Generación UE” y que podrían suponer 140.000 millones para España.
Preguntado por el establecimiento de tasas por uso de las infraestructuras viarias, Lazcano ha dicho que son partidarios del pago por uso, al igual que se hace en 23 países europeos donde las vías de alta capacidad son 100% de peajes, frente al 17 por ciento de España. "Es el momento de abordar el problema con urgencia", ha dicho en línea con la tesis de que "el que contamina, paga".
La inversión en la red convencional de carreteras pasa por la dotación de un carril adicional alterno que permita adelantamientos y elimine el accidente frontal y frontolateral; aumetar la seguridad de las carreteras mejorando pavimento o entornos más seguros bajo el concepto de "carreteras que perdonan", de tal manera que se reduzcan los daños en caso de accidente. Y, por último, mejorar los tramos de especial peligrosidad.
"Si queremos seguir reduciendo la mortalidad en carretera", ha argumentdo Jacobo Díaz, es el momento de mejorar la red convencional: "El sector del vehículo ya ha hecho mucho de su trabajo en esta materia y el trabajo que queda por hacer, corresponde a las carreteras".
El plan incluye también inversiones para adaptar la red a la movilidad conectada y autónoma la instalación de puntos de recarga con energía solar en todas las estaciones de servicio y actuaciones para la movilidad en la llamada España vaciada, entre otras cosas.
En el ámbito urbano, el sector viario cree necesaria la ampliación de aceras y la peatonalización para municipios de más de 50.000 habitantes, carriles segregados para bicicletas o patinetes y la construcción de aparcamientos disuasorios en las grandes ciudades.
