Esta es una de las medidas que el presidente del Ejecutivo guarda en la recámara para el caso de que las cuentas que ha preparado su equipo económico no den los resultados esperados.

Más ingresos por consumo
Según los cálculos que maneja el gobierno, con la actividad económica actual, en recesión, cada punto de subida del IVA supone una mayor recaudación de 4.000 millones de euros. La elevación de dos puntos en el tipo general (del 18% al 20%) y de un punto en el tipo reducido (del 8% al 9%), elevaría pues los ingresos públicos en 8.000millones de euros, que ayudarían a enjugar el déficit público si la desviación amenaza con no poder cumplir con los objetivos.

Menos recaudación por cuotas
Por otra parte, y con el número de empleados que cotizan actualmente, cada punto de rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social es prácticamente igual a la subida en un punto del IVA. Los últimos estudios independientes señalan que en 2007, antes de estallar la crisis y dispararse el desempleo, la relación era algo más favorable a la Seguridad Social, ya que cada punto de subida del IVA sólo cubría el 83% de la caída de recaudación provocada por la reducción de cuotas sociales. Esto se explica porque entonces había dos millones y medio más de trabajadores cotizando.

Otra promesa incumplida
El Gobierno y el PP han dicho por activa y por pasiva que no subirán el IVA este año. Es una declaración de intenciones que según el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, no tiene por qué cumplirse al pie de la letra. Si los objetivos de recaudación fiscal no se cumplen en las cuentas de junio, cuyo avance estará en la mesa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en julio, el Ejecutivo echará mano de las recomendaciones de los organismos internacionales (FMI y UE esta misma semana) para incumplir otra de sus promesas de política económica.

Excusa perfecta
Los estudios de los que dispone el Gobierno señalan que una subida del IVA de esas características provocaría una caída del consumo de una proporción equivalente al aumento de la recaudación fiscal, lo que podría elevar el paro algún punto por encima del objetivo y ser contraproducente. Ese es el argumento que hasta ahora ha frenado al Ejecutivo, pero las recomendaciones internacionales de reducir e paralelo las cuotas a la Seguridad Social dan al ministro Montoro y a Mariano Rajoy una excusa para hacer caso a quienes, como Luis de Guindos, ministro de Economía, son partidarios de asegurar cuanto antes los ingresos del Estado.

Menor subida de precios
La reducción de cuotas a la Seguridad Social podría minorar la pérdida de empleo, pero al final supondría un trasvase de dinero del sistema de pensiones (que recaudaría menos) al Tesoro público (que recaudaría más). Esto tendría teóricamente el efecto positivo de aminorar el efecto de la subida del IVA sobre el consumo, ya que los empresarios verían disminuir sus pagos a la Seguridad Social en una proporción parecida al aumento de sus ingresos en Hacienda por el IVA. Eso permitiría que los precios no subieran mucho y que el empleo no sufriera.

Pensiones más bajas
A largo plazo, sin embargo, sería imprescindible una nueva revisión del sistema público de pensiones que redujera la previsión futura de pagos de manera proporcional a la caída de los ingresos. Y eso únicamente puede hacerse por dos vías: retrasando aún más la edad de jubilación o alargando el período de cálculo de años cotizados para fijar la cuantía de la pensión. En cualquiera de los dos casos, los jubilados cobrarían menos en el futuro, cosa que casi todos los partidos políticos tienen asumido y que al PP no le costaría grandes disgustos parlamentarios.