“Abominación” o “irresponsable” fueron algunas de las referencias más suaves que el Partido Popular (PP) le dedicó al impuesto extraordinario a la banca. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se ha posicionado en contra del gravamen desde el momento de su anuncio, pero este lunes, en una nueva pirueta política, ha anunciado que incumplirá lo que lleva prometiendo más de medio año y no derogará el tributo. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, y horas más tarde el líder del partido han confirmado su mantenimiento.

Los populares ha dejado incluso la puerta abierta a alargar su aplicación, dado que finaliza el próximo curso, atendiendo en el momento del análisis a “cómo está la inflación y la situación económica”. El PP, que aún sigue a la deriva económica sin programa ni cabeza visible, ha vuelto a cambiar de parecer y ha asumido una medida del “Gobierno sanchista”. De igual manera que sucediese hace diez días, cuando el PP anunció como medida revolucionaria la gratuidad de la educación de 0 a 3 años que ya desarrollaron los Ministerios de Igualdad y Educación y que los populares atacaron, ahora pretende asumir el impuesto a la banca.

La hipocresía de siempre de un partido que carece de un proyecto económico para España

“Cuando Sánchez no sabe qué hacer, sube los impuestos. Ahora nos amenaza con dos más”, sentenciaba tajantemente Feijóo meses atrás, haciendo referencia al gravamen a la banca y las energéticas. Su máxima competidora para liderar el PP, Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha quedado atrás en este tiempo, intentado enmarcar la medida en una “agenda ideológica”. “El Gobierno quiere introducir un nuevo impuesto a la banca cuyo único objetivo es recaudar y el único resultado, como siempre, empobrecer masivamente”, añadía la presidenta de la Comunidad de Madrid, molesta al considerar la medida “un boicot contra regiones como Madrid”.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, se ha mostrado sorprendida de anuncio. “El PP tildó el impuesto a la banca de engendro y votó en contra de él, ahora dice que no es partidario de suprimirlo”, ha señalado la responsable fiscal del Gobierno. “Es la hipocresía de siempre de un partido que carece de un proyecto económico para España. Por eso Feijóo no quiere debatir”, ha sentenciado. Otros cargos socialistas, como el director de comunicación, han preferido bromear con la situación. “Acompáñenme en esta preciosa historia de un viaje desde el neoliberalismo salvaje, hacia la socialdemocracia militante”, ha bromeado Ion Antolín a través de sus redes sociales.

El PP de antaño no dudó en votar en contra del impuesto, tanto el Congreso de los Diputados como en el Senado, y cargaba duramente contra Sánchez. "Suya y solo suya será la responsabilidad política y patrimonial del enorme perjuicio que causarán al presupuesto de todos españoles", gritaba desde la bancada de la Cámara Baja Gabriel Elorriaga, diputado del PP encargado de justificar el voto en contra. Este Gobierno “ha perdido completamente el rumbo” y este impuesto “no es más que una irregularidad más de las muchas que han cometido en la tramitación de los Presupuestos”, defendía, muy seguro de sí mismo y de la posición de su partido.

"Retire" la norma porque "es irresponsable" y “contraria al derecho comunitario", ha exigido durante todos estos meses Cuca Gamarra, secretaria general del partido y portavoz en el Congreso. Ninguno de los grandes líderes del PP quiso quedarse sin atacar al gobierno y defender a los bancos; sin embargo, ahora tendrá que explicarles a estos que al final no, no derogarán el gravamen si llegan a la Moncloa. Es más, a través de diversas cabriolas han intentado justificar que lo harán propio con unas supuestas modificaciones que no cambiaría la naturaleza del tributo.

"Estos impuestos temporales tenían revisión en 2024 para ver los efectos y la inflación", señalaba este lunes Bravo, por lo que el partido quiere "ver en 2024 cómo está la inflación y cómo está la situación económica en este país". Además, añade otra fórmula, un “fondo” acordado con la banca, por “más o menos el importe del impuesto, que puede ser 1.200-1.500 millones”. La cuantía es la establecida anualmente por el impuesto establecido por el Gobierno y sobre el resto de detalles el representante económico en funciones del PP no ha dado más detalles.