Ante el inminente acuerdo sobre las pensiones, determinados medios de comunicación han advertido sobre la necesidad de que los pensionistas presenten una fe de vida para continuar percibiendo su pensión. Ante estas afirmaciones, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha salido a desmentir la información y ha aclarado que los documentos han de ser presentados únicamente por aquellos pensionistas que residan en el extranjero, los residentes en el territorio nacional no tendrán que realizar ningún tipo de trámite.

La acreditación consiste en remitir una fe de vida, un documento que se puede obtener mediante acta notarial de presencia o compareciendo ante los encargados de los Registros Civiles Consulares, o también se expiden en las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del lugar donde residan.

Además, se contempla la posibilidad de realizar la comparecencia por videoconferencia ante estas Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del lugar donde resida el pensionista, con la finalidad de evitar el desplazamiento a los interesados.

Para evitar la suspensión de la pensiones es necesario remitir una fe de vida y estado en un plazo que es siempre el mismo; durante el primer trimestre del año. De ahí que estos días las consejerías españolas de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de varios países estén lanzando recordatorios para advertir que este trámite ha de efectuarse antes del próximo día 31 de marzo.

Este trámite se encuentra regulado en el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social: "Las entidades financieras pagadoras comunicarán a la correspondiente entidad gestora, al menos una vez al año, la supervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abono en cuenta". Asimismo, la normativa concreta que podrán solicitar a los beneficiarios que acrediten la fe de vida.

Solicitud de la fe de vida

Para solicitar la fe de vida basta con dirigirse a una oficina de Registro Civil en el lugar de residencia y aportar el documento de identidad y el libro de familia. Algo que también deberán realizar los pensionistas de la Seguridad Social que residan en el extranjero.

El documento persigue acreditar que el beneficiario de la pensión continúa vivo para cerciorarse de que ningún tercero esté cobrando dicha suma en lugar del propio pensionista. Así como para evitar incurrir en fraude en el caso en el que el beneficiario fallezca y se siga percibiendo una pensión.

Los residentes en España no deben presentar ninguna comunicación de fe de vida ni realizar ningún otro trámite con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y seguirán percibiendo su prestación con normalidad sin la necesidad de remitir ninguna documentación al respecto.

Ante la proliferación de este tipo de noticias sobre las obligaciones de los pensionistas, desde el Ministerio de Inclusión ruegan responsabilidad para evitar confusiones a los ciudadanos.

Puntos clave del futuro acuerdo

Estas ‘desinformaciones’ coinciden con el revuelo causado a raíz del inminente acuerdo sobre la reforma de las pensiones que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, acordó con la Comisión Europea el pasado viernes.

Las dos patas principales de la reforma son la sostenibilidad del sistema de cara a futuro, pensando sobre todo en la generación del baby boom, y el avance hacia un sistema más equitativo que ponga el foco sobre aquellas personas más damnificadas por el modelo actual. El primero de los ámbitos se abordará a través de la subida de las bases máximas de cotización, simultánea a una subida menor de las pensiones máximas; del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla una sobrecotización mensual del 0,6%, que crecerá una décima anual hasta los 1,2 puntos porcentuales en 2029;  y de una nueva cuota de solidaridad, que gravará los salarios más altos un 1% en 2025, tasa que aumentará un 0,25% anual hasta alcanzar el 6% en 2045.

Las dos patas principales de la reforma son la sostenibilidad del sistema de cara a futuro, pensando sobre todo en la generación del baby boom, y el avance hacia un sistema más equitativo que ponga el foco sobre aquellas personas más damnificadas por el modelo actual. El primero de los ámbitos se abordará a través de la subida de las bases máximas de cotización, simultánea a una subida menor de las pensiones máximas; del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla una sobrecotización mensual del 0,6%, que crecerá una décima anual hasta los 1,2 puntos porcentuales en 2029; y de una nueva cuota de solidaridad, que gravará los salarios más altos un 1% en 2025, tasa que aumentará un 0,25% anual hasta alcanzar el 6% en 2045.