EH Bildu y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para incluir la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025 en el próximo decreto anticrisis, que se aprobará este miércoles en el último Consejo de Ministros de 2023. El Ejecutivo aprobará la prórroga de algunas medidas del escudo social, confeccionado para amortiguar los efectos del alza de los precios derivada de la guerra de Ucrania. Así, los abertzales celebran la inclusión de esta iniciativa, que junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres implantado mediante la Ley de Vivienda estiman "imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias".

Los independentistas vascos han anunciado el acuerdo pasado el medio día de este martes postnavideño. Un pacto en forma de regalo que cristalizará este miércoles, toda vez que el Gobierno dé luz verde a un paquete anticrisis que previsiblemente llegará más descargado que en los años anteriores. El escudo social perderá algo de grosor, pero mantendrá una buena cuota de su concepción inicial, sin la carga de la excepción ibérica que, tal y como sugirieron desde Bruselas la pasada semana, decaerá.

En cualquier caso, abertzales y Moncloa han blindado la prohibición de los desahucios a personas vulnerables con una prórroga que se extenderá hasta 2025. Desde Bildu, a través de un comunicado, han celebrado el logro, recordando que su formación “había solicitado al Ejecutivo que se incluyese” la iniciativa. “Tras la negociación y el acuerdo alcanzado, será incluido en el decreto que será aprobado mañana, lo que permitirá seguir manteniendo el escudo frente a los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional”, reza el texto.

La formación vasca celebra que la coalición abra el paraguas para esta iniciativa, que junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres implantado a través de la Ley de vivienda, consideran “imprescindibles” ante la “difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias”.

Ampliación de la tarifa de calderas comunitarias

 No obstante, la extensión de la prohibición de desahucios no es la única propuesta de signo abertzale que el Gobierno ha aceptado. Tal y como informaron desde la formación independentista, Moncloa se avino la semana pasada a incluir la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), así como la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

La fuerza que encabeza desde Euskadi Arnaldo Otegi también ha valorado positivamente el alcance del acuerdo, así como el mantenimiento de otras propuestas sociales que permitirán que el Estado mantenga la protección “aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social”.

En cualquier caso, los abertzale avisan de que son “plenamente conscientes” de que las medidas “no son aún suficientes” para hacer frente a la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania, que cumplirá dos años el próximo 24 de febrero.  Por ello, en Bildu emplazan a los dos partidos que conforman la coalición a “seguir trabajando” con el objetivo de avanzar en la “mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda”, que son los “pilares básicos para una vida digna”.

Bildu se vuelca con la vivienda

EH Bildu ha capitaneado algunas de las principales medidas orientadas al blindaje de la ciudadanía, ante las inclemencias de un mercado cada vez más inalcanzable para las clases medias y trabajadoras. De hecho, hace algo más de un año, ya se anotaron un primer tanto en esta parcela con la prórroga del tope del 2% para las actualizaciones del alquiler. Una medida que, a la postre, se incluyó posteriormente en la Ley de vivienda, que fija para 2024 que ese máximo será del 3%. Por consiguiente, ya no sería necesario incluirla en el decreto anticrisis, a pesar de que los independentistas continúan con sus reivindicaciones en este sentido.