El Tribunal Supremo sentenció que la retenciones de IRPF a las prestaciones de paternidad y maternidad no eran correctas, ni lo habían sido nunca. De acuerdo a esa sentencia, todas las prestaciones hasta el año 2014 (más atrás ya ha prescrito la responsabilidad de la Administración) han de ser devueltas a las personas que así lo soliciten. Sin embargo, esto no se aplica a los funcionarios públicos, dado que el Supremo entiende que, si cotizan a través de mutalidades como MUFACE, lo que perciben es su retribución normal y no una prestación, por lo que retener el IRPF sería correcto.
Sin embargo, el Gobierno anunció que haría un cambio legal para evitar discriminaciones futuras a los funcionarios, basándose en razones de "justicia y equidad", aunque estas razones no alcanzan a las retenciones de los cuatro últimos años, por lo que no se reconcería a los empleados públicos derecho a una devolución, como al resto de ciudadanos y ciudadanas.
En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo el pasado 19 de noviembre, el sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, propone que la modificación legal que se realice incluya un reconocimiento de que las retenciones practicadas a las funcionarias que han sido madres entre 2014 y 2018 también deben ser devueltas.
En un comunicado posterior, Gestha insta a los funcionarios a solicitar la rectificación de la última declaración presentada del IRPF 2017 para reducir así la base declarada y poder optar a otras ayudas públicas -como asignación de plazas de colegios, bonos sociales, ayudas al alquiler- cuya concesión dependía precisamente del umbral de ingresos declarados, dado que éstos cambiarían con el cambio normativo.
