Entran en vigor las nuevas sanciones contra el fraude fiscal, entre ellas que empresarios o profesionales solo podrán pagar hasta 2.500 euros en efectivo en sus operaciones. Además Hacienda perdonará el contribuyente que denuncie.

La Ley antifraude entra en vigor hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta Ley obliga a todos los contribuyentes a suministrar información sobre cuentas y valores que se tengan en el extrajero no solo si son titulares, sino también si se figura como beneficiario o firma autorizada. Quien oculte esta informaicón y sea descubierto se enfrentará a una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos ocultados, con un mínimo de 10.000 euros. Además la rentas descubiertas se incluirán en la última declaración a Hacienda realizada para que tributen.

Albañiles y fontaneros sin módulos
Profesionales como camioneros, albañiles, fontaneros o carpinteros, o todos aquellos profesionales y empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a los 50.000 euros al año, quedarán fuera del sistema de módulos. En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, quedarán excluídos del sistema de módulos los profesionales con ingresos superiores a los 300.000 euros anuales, al igual que sucede en operaciones agrícolas o ganaderas.

Límite en 2.500 euros
Hacienda quiere reducir el trasiego de dinero negro en España, que hace un par de años registró el récord de billetes de 500 euros en circulación en toda Europa, procedentes en su mayoría de los pagos en "negro" en el sector inmobiliario y de la construcción para ahorrarse el IVA y otros impuestos. En las operaciones comerciales en las que participen empresarios o profesionales se podrá pagar en efectivo hasta un máximo de 2.500 euros, si bien esta medida entrará en vigor dentro de 20 días para que los empresarios tengan tiempo para 'adaptarse'.

Perdón para el chivato y embargos preventivos
En el capítulo de sanciones, la Ley que entra en vigor hoy establece que Hacienda perdonará la sanción al contribuyente que denuncie un hecho delictivo, favorece los embargos preventivos por impago de sanciones y endurece las multas por resistencia y obstrucción a la inspección que irán de los mil a los 600.000 euros.