Hay una trampa implícita en esta medida, ya que es el propio Gobierno el que puede provocar la causa que es necesaria para provocar los despidos masivos, pues es este el que elabora los presupuestos y asigna las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, que son los supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo, según El País, que ha tenido acceso al documento.

El castigo del Gobierno a los funcionarios
En el recorte del gasto público llevado a cabo por el Gobierno tiene un peso considerable su ‘castigo’ a los funcionarios, con medidas como la supresión de su paga extra, la eliminación de los días de libre disposición, la reducción de créditos y permisos sindicales, la modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de incapacidad temporal y la congelación de oferta de empleo público. Pero todo esto no le basta. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está decidido a reducir el número de empleados públicos.

La medida amenaza a miles de empleados: más paro
La causa establecida por el Ejecutivo de que baste la reducción en un 10% en el presupuesto a las comunidades, ayuntamientos o empresas públicas para que puedan efectuarse despidos masivos podría afectar a los 700.000 empleados contratados por las Administraciones, según el Ministerio de Administraciones Públicas y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).

El despido masivo en la Radio Televisión Valenciana
Un ejemplo de la aplicación de esa flexibilidad establecida en la reforma laboral es la Radio Televisión Valenciana, que ha anunciado el despido de 1.247 trabajadores, que representa el 76% de la plantilla.

UGT y CCOO envían sus alegaciones al Gobierno
Las dos principales organizaciones sindicales del país, UGT y CCOO han rechazado las directrices de la reforma laboral del Gobierno al que han enviado este lunes sus alegaciones. Consideran que la reforma pudiera no ser constitucional y denuncian la
la exclusión de la Inspección de Trabajo en los despidos de la Administración, que consideran una vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.