El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha propuesto a los titulares de pagarés que renuncien a cobrarlos de las sociedades que los emitieron y a cambio acepten arriesgarse a cobrar sólo si la familia logra una indemnización por la expropiación de Rumasa en 1983, según unas cartas remitidas por el empresario a los inversores que ayer desveló el periódico El Economista. Aceptar ese trato puede suponer para los acreedores quedarse sin cobrar un euro, puesto que los tribunales han ido dando la razón al Estado en que lo que había en la antigua Rumasa era un agujero patrimonial, por lo que no hay derecho a indemnización alguna por la expropiación.

Las "dificultades sobrevevenidas"
En la carta desvelada por el rotativo, Ruiz-Mateos admite que no podrá hacer frente a los pagarés. "Por dificultades sobrevenidas con posterioridad a la emisión de los pagarés, su sociedad emisora, actualmente en situación concursal, no ha hecho ya frente o no va a poder hacer frente a su pago a la fecha de sus respectivos vencimientos", reza la misiva. Aún así, insiste en que su familia no parará hasta que "los que depositaron su confianza" en ellos "recuperen el dinero que les pertenece".

Una oferta del máximo interés
"Me complace adjuntarte una propuesta que estimo será del máximo interés para ti debido a la bondad de la misma, dadas las circunstancias que atravesamos", dice la carta. Una propuesta que consiste en que los inversores renuncien a cobrar de las sociedades de Nueva Rumasa y acepten recuperar su dinero sólo en caso de que la familia Ruiz-Mateos gane sus pleitos contra el Estado. El problema es que para ello aquéllos deben ceder sus derechos de cobro de manera "incondicional y sin reserva alguna", por lo que corren el riesgo de quedarse sin su dinero y sin poder reclamárselo a Ruiz-Mateos, que no ha logrado que ninguna instancia judicial avale su pretensión de recibir una indemnización por la expropiación de Rumasa en 1983.

Fondos de 6.000 millones
La cesión, con la que pretende ofrecer esta "garantía adicional" a los inversores, está sujeta a la estimación de esas pretensiones de retasación, actualmente pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La relativa a Galerías Preciados, en la que reclama 6.000 millones de euros, está pendiente de resolución por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo, que, según Nueva Rumasa, "ha admitido el correspondiente recurso en febrero del presente año y resolverá en un plazo de entre 18 y 30 meses".

En cualquier caso, la oferta se mantendrá vigente para los 5.000 suscriptores que compraron pagarés durante los 60 días naturales siguientes al otorgamiento de la escritura pública, que se produjo el pasado 12 de mayo de 2011.

Escasas garantías de cobro
Los abogados de los inversores y la organización Facua-Consumidores en Acción desconfiaron de la propuesta de Ruiz-Mateos, que calificaron como una "nueva tomadura de pelo" y adviertieron que las garantías de cobro "son remotas".

José María Ruiz-Mateos padre ha dicho hoy que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, "lo mínimo que puede hacer es pagar los 250 millones de euros a los inversores que han depositado ese dinero en Nueva Rumasa".

El patriarca de los Ruiz-Mateos, que culpa al Banco Santander del ahogo financiero del grupo, ha cifrado hoy por primera vez en 250 millones de euros el importe que un total de 3.000 inversores de pagarés ha depositado en once empresas del grupo.

El abogado de Jose María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, quien le ha acompañado hoy en la comparecencia ante los medios de comunicación, ha precisado que los otros cinco hermanos del patriarca de Nueva Rumasa también se adherirán a la cesión planteada. Yvancos ha resumido que el proceso judicial en el que se encuentra ahora la antigua Rumasa es una retasación que sólo con el valor de los inmuebles asciende a 18.000 millones de euros, que el Estado tendría que abonar a la compañía.