La campaña de la Declaración de la Renta de este año, relativa a los ingresos y tributaciones de 2024, todavía permanece abierta, pero la Agencia Tributaria (AEAT) ya se prepara de cara a la próxima, que se verá marcada por importantes cambios. Entre ellos, el propio Gobierno señala dos en sus directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, marcados por la nueva normativa europea, a los que considera “retos” para la administración: el mundo cripto y el mínimo global de tributación a los gigantes empresariales.
La transposición en el ordenamiento nacional de la Directiva 2022/2523 establece de cara a las declaraciones de 2026 un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. El conocido como Impuesto Mínimo Global, aplicable desde 2024, pretende garantizar que estas empresas gigantescas paguen un impuesto mínimo del 15% sobre sus ganancias globales, buscando evitar así los paraísos fiscales en la Unión Europea (UE).
“Aun cuando las primeras declaraciones por este impuesto se presentarán en 2026, la novedad y complejidad del mismo supondrá un importante reto organizativo para los contribuyentes y la Agencia Tributaria durante 2025”, recoge el Plan de la Agencia Tributaria. Además, también se implementa un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.
“El segundo aspecto que supone en la actualidad un reto para el control fiscal”, expone también la AEAT, son los considerados neobancos, como por ejemplo Revolout; las entidades de dinero electrónico, entidades de pago y demás sistemas de pago virtual, caso de Paypal y otras plataformas, “que están proliferando en los últimos tiempos desde diversas páginas web”.
Mayor control sobre las criptomonedas
Sobre las empresas que utilicen medios de cobro que se encuentren actualmente al margen de las obligaciones de suministro de información de pagos por medio de tarjeta de débito y crédito, Hacienda está intensificando los controles para “evitar que la utilización de estos medios de pago alternativos constituya una vía de elusión o fraude”. Relacionado con estas prácticas, aunque con un ecosistema propio y bastante opaco, también aparecen las criptomonedas.
“Seguirán las captaciones de información relativas a empresas intermediarias de la inversión y pago en monedas virtuales, para aumentar el conocimiento de los inversores de este tipo de criptoactivos, la fuente de su renta y patrimonio, así como la posible existencia de rendimientos o plusvalías obtenidas de dichas inversiones”, recoge el Plan. Este mayor, según expone El Confidencial, ya se está produciendo y está desembocando en advertencias de inspecciones y multas.
Para este cometido, la Agencia Tributaria cuenta también con el apoyo de una directiva europea, la DAC 8, que contempla el intercambio automático de información sobre criptoactivos entre los países de la UE. “La naturaleza descentralizada de los criptoactivos ha dificultado que las administraciones tributarias de los países de la UE garanticen el cumplimiento tributario. Su naturaleza inherente transfronteriza exige una sólida cooperación administrativa internacional para garantizar la eficacia de la liquidación y recaudación de los ingresos y las ganancias de capital correspondientes”, explicaba la Comisión Europea en el momento de su aprobación.
La entrada en vigor de esta directiva está contemplada para 2026, una vez los países la transpongan a lo lado de este año, pero la AEAT ya se ha puesto manos a la obra y está intensificando sus peticiones de información a los que se encuentran detrás y utilizando estos activos. La presión se agravará de cara al próximo curso y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también participará como organismo encargado de la supervisión financiera.