Algo se está moviendo en materia de política económica. La política que ha liderado la gestión y recuperación de la pasada crisis ha ofrecido unos resultados decepcionantes no sólo en términos sociales, sino también en términos económicos y de crecimiento a largo plazo. La economía hoy crece más debilitada, con una menor cohesión social, y con mayores riesgos a medio y largo plazo. Frente a este pobre desempeño, se están generando nuevas ideas tendentes a reconstruir nuestro modelo de crecimiento, incorporando en la ecuación los aspectos económicos y sociales.

De esta manera, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es uno de los principales foros internacionales en materia de elaboración diálogo y promoción de la política económica de los países más desarrollados. Esta organización acaba de presentar en Madrid sus trabajos dirigidos hacia el crecimiento inclusivo, en el que plantea la necesidad de compaginar el crecimiento económico con la lucha contra la pobreza y por la inclusión social. La OCDE propone invertir en personas que corren el riesgo de quedar atrás, como en la infancia en condiciones de pobreza o exclusión social a través de: cuidados infantiles, educación temprana y educación para la vida; acceso a servicios de salud de calidad, educación, justicia, vivienda e infraestructura. La organización sugiere además apoyar el dinamismo empresarial y de los mercados laborales inclusivos a través de un apoyo a la innovación, el fortalecimiento de la competencia y el acceso a empleos decentes de calidad, especialmente para las mujeres, realizando más esfuerzos para ayudar a las personas a adaptarse al trabajo del futuro.

En el encuentro de Madrid se recomendó también la puesta en marcha de paquetes de medidas  transversales que pongan la equidad como en el centro del diseño de todas las políticas, favoreciendo la participación ciudadana en su diseño.

Mientras tanto, y pese a la derrota experimentada en el Senado de Estados Unidos, la propuesta del Green New Deal presentado por Alexandria Ocasio-Cortez ha situado de nuevo en la agenda la posibilidad de poner en marcha un programa de inversiones público-privadas para luchar contra el cambio climático y por la sostenibilidad económica, ambiental y social. Por su parte, la Comisión Europea está ultimando los detalles para el lanzamiento de InvestEU, la plataforma de inversiones de la Unión que quiere recoger el guante del Plan Juncker como instrumento catalizador de las inversiones en el seno de la Unión Europea, con un fuerte componente dirigido a inversiones sociales y ambientales.

No se trata sólo de un cambio desde la perspectiva de las políticas públicas: una parte del sector privado está avanzando también en una dirección favorable a integrar en sus cuentas de resultados aspectos relacionados con el impacto social o ambiental de sus actuaciones. Así, están creciendo los activos financieros gestionados bajo principios de responsabilidad social, ambiental o de gobernanza (denominados criterios ESG), mientras que la inversión que se dirige directa y conscientemente a generar un impacto social positivo se abre paso en España a través de los trabajos desarrollados por el Foro Impacto, que agrupa a las principales entidades que trabajan en este ámbito.

Lo más relevante en el caso de la transformación empresarial es que el argumento fundamental del cambio no es el compromiso voluntario de las empresas, sino la necesidad de alinearse con un mercado cada vez más exigente en materia de impactos sociales y económicos. Una mala decisión puede arruinar la reputación de una firma y los consumidores se mueven con gran velocidad en las redes sociales. Pero no sólo para protegerse frente a crisis de reputación, sino también para generar nuevo valor: gran parte de la innovación más disruptiva está dirigida a mejorar la eficiencia energética o en el uso de los recursos, a través de la reducción, reutilización o reciclaje de los residuos generados en la actividad económica, la implementación de modelos de negocio ahorradores de energía, o el aprovechamiento de las energías renovables.

El espacio donde estas dos tendencias están encontrando un diálogo fructífero son las ciudades: es en el territorio urbano donde se está liderando esta improbable alianza entre las políticas públicas más innovadoras y el sector económico y empresarial más avanzado. Madrid acaba de lanzar un instrumento financiero para apoyar la inversión con impacto social y la innovación social con un monto total de 30 millones de euros, y se espera que otras ciudades y comunidades autónomas sigan su ejemplo.

Este movimiento transcurre por debajo de la línea de flotación de la política económica que se debate en los medios de comunicación y que inundará la próxima campaña electoral. Son transformaciones lentas, que llevan años, pero que están ganando espacio y peso en el conjunto de la economía. Sus protagonistas son funcionarios y directivos públicos con visión y liderazgo, emprendedores sociales, líderes empresariales con perspectiva de futuro, estudiosos que ofrecen herramientas y reflexión, y, sobre todo, cientos de miles de consumidores que lo hacen posible con sus decisiones de consumo, inversión y voto.

Estos esfuerzos son necesarios y muy convenientes, pues contribuyen a generar un sustrato favorable al cambio de las políticas económicas, aunque es difícil pronosticar su futuro. No se trata, ni mucho menos, de construir una alternativa viable a la economía de mercado, pero sí de transformar sus mecanismos de funcionamiento para hacerlo más inclusivo y sostenible. Una economía con estas características, será al mismo tiempo una economía mas robusta y con mayor resiliencia frente a nuevos riesgos e impactos. De momento, las ciudades llevan ventaja en su construcción.