Facua-Consumidores en acción denuncia que el Ministerio de Consumo ha negado financiación a la organización para “investigar y denunciar fraudes”. Desde el ente representado por Ruben Sánchez aseguran que la razón aludida desde la cartera dirigida por Alberto Garzón es la “presión social” que provocaría las acciones que se quieren desarrollar. En la resolución de la campaña de subvenciones de 2023 también ha sido desestimada una campaña de FACUA para controlar los precios de la luz y el gas que había sido sufragada en anteriores cursos.

“Facua considera de extrema gravedad el veto del Ministerio de Consumo y cree que intenta así limitar su capacidad de controlar el mercado y denunciar las prácticas ilícitas que se produzcan en él, en perjuicio de los intereses de los consumidores”, denuncia la organización a través de un comunicado. Las ayudas negadas por su improcedencia o por la imposibilidad de destinar la partida son similares a las que han sido destinadas en anteriores ocasiones.

“Resulta imposible subvencionar un programa que tiene como finalidad efectuar estudios sobre incumplimientos legales", reza la resolución, compartida por Facua. "En definitiva supone trasladar a las Administraciones Públicas la presión social que implique la difusión de sus resultados, sin haber tenido aquellas, con carácter previo, intervención ni conocimiento de las actividades desarrolladas o haber podido constatar los incumplimientos legales o contractuales que se detecten en el desarrollo y ejecución del proyecto".

En este punto, Facua asegura que el trasfondo va mucho más allá de la negativa a conceder unas ayudas determinadas, lo que parece el inicio de una guerra entre la organización y el Ministerio en funciones. “En los tres años en que Garzón ha sido ministro de Consumo, su departamento ha destinado a FACUA financiación para programas prácticamente idénticos a los que ahora le rechaza”, trasladan.

Otra de las motivaciones para rechazar la campaña es, según el documento que comparte la organización de Rubén Sánchez "evitar el aumento excesivo de precios excede de las competencias horizontales de protección de los consumidores y usuarios" del ministerio. Argumento con el que concluye ahora que "no se debe acceder a la subvención de este programa".

“Facua lleva años desarrollando proyectos subvencionados por Consumo en los que se incluyen análisis sobre la evolución de los precios de la electricidad y el gas. Análisis que han contribuido a poner en evidencia incrementos desproporcionados y prácticas abusivas ante las que la asociación viene reclamando al Gobierno que intervenga con mayor contundencia en ambos sectores para frenar sus subidas e irregularidades”, se defienden desde la organización.

Cuestión de competencias

En el texto de la resolución sobre las subvenciones se advierte de que "las autoridades competentes son, además, quienes han de llevar a cabo el análisis de las prácticas comerciales desleales, ya sea a iniciativa propia o por denuncia". Se trata, advierte Facua, de otro intento de coartar el campo de actividad de las asociaciones de consumidores que, además, entra en la contradicción de afirmar al mismo tiempo que las actuaciones de las autoridades puedan llevarse a cabo como consecuencia de denuncias.

Estas denuncias requieren previamente del análisis de las prácticas comerciales por parte del denunciante, con independencia de que sea la autoridad competente la que tenga la potestad de resolver si infringen o no la legislación. Así, “las autoridades no tienen la competencia exclusiva del análisis de las prácticas comerciales desleales, sino la de aplicar sanciones contra las empresas que resuelva que incurren en ellas”, recalca Facua.

Frente a ello, el documento del ministerio señala "la improcedencia de que una asociación de consumidores lleve a cabo la elaboración, publicación o difusión de un estudio subvencionado por la Administración Pública para, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador". Sin embargo, no existe ninguna norma que considere improcedente que esa actividad sea objeto de financiación pública.

Reparto de subvenciones

El ‘no’ recibido para esta campaña concreta no es un bloqueo del Ministerio a Facua, como estos últimos reconocen. No obstante, lamentan que se les haya dejado a la cola de las seis asociaciones que perciben subvenciones de esta cartera. Facua recibe 102.537 euros. Por delante están los 497.495 euros otorgados a Asufin, 201.909 euros a AUC, 144.589 euros a OCU y 139.975 euros a CECU. Por detrás, UNAE con 82.422 euros y la confederación de cooperativas de consumidores Hispacoop con 69.629 euros.

No obstante, en cuanto a las ayudas para el fomento de las asociaciones consideradas más representativas por el ministerio cuando se lanzó la convocatoria, Consumo destina para gastos estructurales 584.367 euros a Facua, 438.617 euros a Adicae, 276.033 a OCU, 214.119 a CECU, 123.093 euros a UNAE y 60.702 a AUC.