El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero para 2022, popularmente conocido como techo de gasto. Este es el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año y, con esta aprobación, arrancaría este nuevo proceso, con la llegada prevista de nuevas partidas de los fondos europeos por un importe de 75.000 millones de euros en los próximos tres años.

A pesar de que el Gobierno aún no ha avanzado la cantidad total de los fondos que recibirá de la Unión Europea, la cifra prevista está cerca de los 20.000 millones para el próximo año, con la estimación de recibir 75.000 millones entre 2021 y 2023.

Por su parte, la Comisión Europea ha propuesto continuar con la suspensión de las reglas que limitan el déficit y la deuda pública de los Estados miembros en 2022, algo que ya ha ocurrido en 2020 y 2021 y que se prevé finalizar en 2023. Es ese año en el que se espera que las economías europeas hayan recuperado sus niveles económicos prepandemia.

Con respecto a las reglas fiscales, el Gobierno asegura que la política presupuestaria seguirá siendo expansiva el próximo año aunque avanza una reorientación hacia posiciones fiscales “más prudentes”, según las condiciones lo permitan, que reafirmarán la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Así, las previsiones pasan por “uno de los mayores descensos del déficit público”, desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.

Nacho Álvarez y María Jesús Montero encabezarán las negociaciones

La suspensión de las reglas fiscales tiene que ser aprobada por el Gobierno, con el visto bueno de la Comisión Europea, y además está amparada por el artículo 135.4 de la Constitución Española y en el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ahora, el Ministerio de Hacienda estudia si es necesario que el Congreso de los Diputados vuelva a certificar la existencia de esta situación de excepcionalidad, que justificaría la necesidad de suspender las reglas fiscales para legitimar la decisión del Gobierno, tal y como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No hay duda de que los PGE de 2022 tendrán su foco central en las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en aras de alcanzar la recuperación económica, evitando “una retirada prematura” de los estímulos, con pleno uso de la financiación europea. Para esto, los socios de Gobierno ya han arrancado las negociaciones para la elaboración de las cuentas públicas de 2022 y serán encabezadas por Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y por María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública; tal y como ocurrió el año pasado.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anticipa como ejes clave la negociación sobre la reforma fiscal, el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, políticas para acabar con la crisis de los cuidados, la garantía de prestaciones mínimas a la población y el freno a la precariedad laboral. Otro de los objetivos prioritarios del Gobierno, la reforma fiscal, no se podrá en marcha hasta la recuperación de la economía, prevista para 2023.

La llegada de los fondos europeos, con un primer pago previsto de 9.000 millones este verano, continuará con un segundo pago de 10.000 millones de euros en la segunda mitad del año, según el cumplimiento de determinados hitos y objetivos marcado por el organismo comunitario. Así, en cifras totales España prevé recibir 19.000 millones de euros procedentes de Europa este año.