El Ministerio de Hacienda ha propuesto a los ayuntamientos que puedan gastar una parte del superávit acumulado los últimos años, un medida con la que busca calmar a los alcaldes, incluidos algunos socialistas, que amenazaban con movilizaciones, porque reclaman gastar la totalidad del dinero que tienen ahorrado.
5.000 millones de inyección
Hacienda ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el socialista Abel Caballero, una propuesta de acuerdo en el marco de las negociaciones que mantienen desde hace semanas, y que pemitirá a los ayuntamientos disponer de 5.000 millones de euros –del total de 14.000 que tienen ahorrados– entre este año y el próximo. El resto se les reintegraría en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022.
La fórmula planteada por Hacienda permitirá a los consistorios invertir el remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido según la ley de estabilidad aprobada en la etapa de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011.
La fórmula ideada por el Gobierno
Según la propuesta del Gobierno, que adelanta Eldiario.es, los ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares "realizarán aportaciones con carácter voluntario, que tendrán carácter de préstamo a favor de la Administración General del Estado (AGE)" y "con el recurso financiero obtenido, la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero para las entidades locales, por un importe que se determinará con arreglo a un criterio de proporcionalidad atendiendo a la aportación que cada entidad haya realizado a la constitución del préstamo a la AGE". Ese importe "supondrá como mínimo el 35% de los fondos aportados al préstamo a la AGE, y se podrá incrementar hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre las entidades participantes".
Los ayuntamientos podrían, por tanto, dar voluntariamente a las arcas públicas del Estado su remanente de tesorería –aquello que no pueden gastar en este momento de acuerdo a las normas de estabilidad–. En lo que queda de año y 2021, Hacienda se lo devolvería en forma de ingresos no financieros para que puedan invertirlo en servicios públicos asumiendo el déficit. Como mínimo recibirían en estos dos años 5.000 millones. El resto se reintegraría en un plazo de 10 años.
En concreto, los consistorios recibirían este año el 40% de ese dinero con un importe máximo de 2.000 millones de euros y en el próximo ejercicio, el 60% restante, es decir, 3.000 millones.
