Ha transcurrido más de medio año desde que el Estado adquirió más de la mitad de las acciones de la Sareb, el banco malo, y desde entonces una línea roja se ha instaurado: no realizar ventas de paquetes de viviendas a compradores especuladores (fondos buitre) que, encima, no tengan en cuenta los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno. Este requisito ha quedado constatado con la negativa el consejo de administración de la Sareb a vender un paquete de viviendas a Fortress, un fondo de inversión norteamericano que quería hacerse con los pisos a precio de ganga y sin respetar los protocolos de vulnerabilidad.
“Existen unos protocolos de vulnerabilidad que deben ser respetados por los compradores para garantizar los derechos de los inquilinos en peor situación”, aseguran fuentes del Ejecutivo a ElPlural.com. Esta línea de actuación es ahora clara desde que, el pasado mes de abril, el Estado adquiriera el porcentaje necesario para tomar el control de la Sareb, fondo especulativo de gestión de activos. Así, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y gracias a la norma aprobada por el Gobierno, el porcentaje de acciones en propiedad estatal ascendía del 45,9% al 50,14%, lo que en la práctica significa tomar el control y el poder total de decisión.
En consecuencia, haciendo uso de su propiedad mayoritaria, el FROB ha paralizado esta semana la venta de un paquete inmobiliario compuesto por 11.000 activos, casi 5.000 de ellos pisos, y valorado en 1.262 millones de euros. El comprador estadounidense, fondo oportunista, no solo no ha querido aceptar los criterios de vulnerabilidad exigidos por el FROB sino que encima la oferta ofrecida no cubría el valor real, sino que pretendía aprovecharse para adquirir a precio de ganga el paquete para, previsiblemente, especular con los activos a posteriori.
Uno de los puntos no aceptados por Fortress es el supuesto que se reserva la Sareb para poder acometer una recompra de determinados activos para solucionar posibles casos problemáticos en los que no se esté garantizando la seguridad de los inquilinos más vulnerables. “Los aspectos sociales están ahora en el centro”, apuntan las mismas fuentes a este periódico, “y los protocolos, mejorados por el Estado, deben aceptarse”, añaden. De esta manera, la mayor cartera de la historia de la Sareb, conocida como el Proyecto Gas, que el banco malo pretendía vender antes de cerrar el año, descarta al comprador mejor posicionado.
¿Qué es el Proyecto Gas?
El Proyecto Gas es la cartera de préstamos impagados más grande sacada a la venta por parte del Sareb. Esta carpeta, que salió a la venta el pasado agosto, se compone de 11.000 activos, de los cuales 4.800 son viviendas y el resto está compuesto por apartamentos, trasteros y suelos. El banco malo pretendía cerrar la operación antes de finalizar el año, intención que ahora parece haberse complicado. Los inversores tuvieron hasta septiembre para exponer sus ofertas y el finalista ha sido descartado.
El valor de concesión de estos activos asciende 1.262 millones de euros, aunque fue transmitido a la Sareb por 700 millones. Así, el Estado ha asumido ya unas pérdidas del 45% de estos préstamos, procedentes principalmente de pymes catalanas, valencianas y andaluzas. Concretamente, las provincias con más activos en venta son Valencia (1.997), Almería (1.400), Barcelona (694), Tarragona (671) y Castellón (666). El Estado definió su nueva estrategia con la intención de hacer caja con estos activos y, de esta manera, reducir la deuda de la Sareb con el Tesoro, que asciende a los 33.664 millones de euros.
Cinco años es el plazo que tiene el banco malo para reducir la deuda lo máximo posible. De no ser así, la cantidad no abonada se convertirá en deuda del Estado. Diferentes opciones se le plantean al FROB para conseguir dar salida a estos activos. El abanico de posibilidades contempla la venta a particulares, que supone un esfuerzo enorme; a fondos buitres oportunistas, que vulnera las pretensiones del Gobierno en el ámbito de vivienda; o lanzar vivienda social enmarcada dentro de los programas sociales del Ejecutivo, solución que parece la más adecuada.