La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves en un foro organizado por UGT que el Gobierno no descarta convertir en permanentes los impuestos a grandes fortunas, banca y empresas energéticas. Con este paso, los ministros siguen los pasos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  en un ejercicio por remodelar el equilibrio fiscal y garantizar el estado del bienestar y la seguridad de la “mayoría social de este país”.

En declaraciones a la prensa durante el Ágora sindical, la titular de Hacienda ha querido contestar a la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reclamó hacer imperecedero el impuesto a grandes fortunas. Tras explicar que este impuesto se planteo como un tipo fiscal temporal por la situación de emergencia derivado de la pandemia y la guerra en Ucrania, no se ha cerrado a no discutir con las comunidades autónomas cómo reconfigurar el pacto fiscal para que los que más tienen sean los que más aporten a las arcas públicas.

"La reforma del modelo de financiación tiene que ver con la fiscalidad de la riqueza, con la fiscalidad del patrimonio o con la fiscalidad de las grandes fortunas", ha señalado Montero, que ha coincidido con Yolanda Díaz en que las grandes rentas tienen que tener una aportación "proporcionalmente superior a lo que aportan las clases medias o las clases trabajadoras de este país".

De esta forma, la ministra ha insistido en la necesidad de seguir en la misma línea marcada por este Gobierno, aunque ha pedido calma a sus socios de Gobierno y se ha emplazado a mantener esta discusión y cerrar los pormenores junto a las comunidades autónomas, los agentes sociales y la calma necesaria y alejada del fervor de la campaña electoral. “Habrá que ver también cómo se les da forma para su continuidad en el futuro”, ha sentenciado.

¿Un tipo mínimo a grandes empresas en Europa?

Estas declaraciones de María Jesús Montero se han solapado, prácticamente en el mismo tiempo, con la presentación que el presidente del Gobierno ha realizado desde el Palacio de La Moncloa de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que recaerá sobre España a partir del próximo 1 de junio. En esta intervención, frente a los medios de comunicación y rodeado de las tres vicepresidentas y un buen puñado de ministros y embajadores internacionales, Sánchez ha asegurado que uno de las prioridades de España en este mandato comunitario será la justicia fiscal.

Debemos reforzar las bases de recursos que sustentan el estado del bienestar a través de justicia fiscal. La evasión le cuesta a Europa 1,5 puntos del PIB a Europa -lo mismo que invierte en proteger al medioambiente y vivienda protegida-. ¿Cómo pedimos a los ciudadanos que paguen sus impuestos si muchas de estas grandes empresas no lo hacen? Debemos fijar unos estándares mínimos de tributación en todos los países”, ha reclamado.

“Tenemos que impulsar una reforma de las reglas fiscales que nos permita tener las cuentas saneadas y financiar adecuadamente los servicios públicos”, ha indicado, pidiendo que Europa tenga altura de miras para “crear un mercado laboral más justo”.

Extensión de medidas

Yolanda Díaz no es la única que ha pedido que el Gobierno prorrogue y convierta en permanentes algunas de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros durante esta legislatura. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y número cinco de Sumar en las listas por Madrid, reclamó este miércoles hacer extensible -al menos hasta finales de 2024- la rebaja en el precio del transporte público.

“Es fundamental para apoyar a las familias y, además, luchar contra la emergencia climática”. Si bien en estos momentos “la evolución de los datos macroeconómicos está siendo claramente positiva”, Belarra quiere unirse con sus socios del PSOE para alargar esta ayuda cuanto antes por que aún “hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de las crisis de estos años y vive momentos muy difíciles”.