El Consejo Rector de CASA 47, la entidad estatal de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una convocatoria pública dotada con 100 millones de euros para la compra de viviendas privadas en toda España con el objetivo de incorporarlas al parque público y destinarlas al alquiler asequible.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el parque estatal de vivienda hasta aproximarlo a los estándares europeos —en torno al 8%— y reforzar la intervención pública en un mercado tensionado por el alza de precios.
Cuatro meses para presentar ofertas
Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar sus propuestas a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevista en los próximos días. El plazo permanecerá abierto durante cuatro meses.
El procedimiento se articulará mediante concurso, lo que permitirá una valoración individualizada y motivada de cada inmueble, atendiendo a criterios objetivos y de interés público como la adecuación urbanística, las condiciones técnicas y de habitabilidad, la eficiencia económica y la demanda territorial.
Prioridad para zonas tensionadas y bloques completos
La convocatoria dará prioridad a las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado —aquellas en las que los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda— así como a las ofertas que incluyan bloques completos o conjuntos de viviendas.
Podrán presentarse viviendas de entre 40 y 120 metros cuadrados que no cuenten con protección pública y que estén edificadas en altura —quedan excluidas las unifamiliares—. Además, deberán ser exteriores, sin dormitorios ciegos, contar con ascensor si se sitúan por encima de un cuarto piso y disponer de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable. También se exige que se entreguen vacías —salvo elementos fijos e instalaciones— y que dispongan, al menos, de cocina, estancia principal y baño completo, admitiéndose estudios y lofts.
Triple filtro para evitar sobreprecios
El mecanismo de valoración establece que el precio de adquisición será el menor entre tres referencias: la oferta del vendedor, el valor de tasación oficial —emitido por tasador homologado por el Banco de España— y el precio medio por metro cuadrado que marque el Portal Estadístico del Notariado en cada zona.
Este “triple filtro”, según destaca la entidad, garantiza que el Estado no pague por encima del mercado real. A modo de ejemplo, una vivienda de 70 metros cuadrados en una zona con un precio medio de 2.000 euros por metro cuadrado tendría un precio máximo de 140.000 euros.
El presupuesto cubrirá tanto el precio de compra como los gastos e impuestos asociados y, en su caso, las actuaciones necesarias de adecuación o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.
Más puntos para eficiencia y accesibilidad
La convocatoria también introduce incentivos a la calidad y sostenibilidad: obtendrán mayor puntuación las viviendas que cumplan la normativa de accesibilidad universal, hayan sido rehabilitadas recientemente de forma integral o cuenten con calificación energética A, B o C.
