El Gobierno ha comenzado los trámites para analizar las distintas posibilidades para introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, cumpliendo el acuerdo con Bruselas a cambio de recibir fondos europeos de unos 70.000 millones de euros en subvenciones.
La Dirección General de Carreteras, accesorio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar el sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El plazo establecido será de 10 meses, siendo el coste de estos servicios más de 1,4 millones de euros. Como parte de este contrato, Ineco ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, prefirió dar prioridad a la situación crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania antes que comenzar a diseñar este.
Sin embargo, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. Al margen del debate con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguieron adelante.
El pasado 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y este 10 de agosto este último adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Se ha fechado que para 2024 "podrían" implementarse los peajes, según apuntan todos los documentos.
Alineamiento con la Unión Europea
La mayoría de países de la Unión Europea como: Italia, Francia o Portugal aplicarán los peajes de forma generalizada. Además, el Gobierno ha defendido este plan, ya que responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y cumple con las agendas estratégicas de la UE.
La primera de las tres fases en las que se articula la medida ya se ha cumplido con estos contratos. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará formada por los servicios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.
En los informes, se analizará qué sistema se optará si por uno de viñetas en el que se pagaría una cuantía fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.
En este sentido, se estudiará también al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.
