La primera subasta de energía renovable bajo el nuevo marco retributivo del Gobierno se celebrará el próximo 26 de enero, con un total de 3.000 megavatios (MW) en juego para distintas tecnologías, según ha anunciado la vicepresidenta cuarta Teresa RIbera.
En su participación en la presentación de la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la resolución que recoge "la convocatoria explícita" de la subasta.
La ministra ha señalado que, desde este martes 15 de diciembre se abrirá el plazo para la documentación de oferta. Así, el 26 de enero se procederá a la presentación de ofertas de acuerdo con el nuevo marco regulador de las subastas.
Ribera considera que la orden que regula el primer mecanismo de subasta de energía renovable con este nuevo marco retributivo, que pone en marcha un calendario de pujas para los próximos cinco años, permitirá "beneficiarse", a través de la factura de la luz, a los consumidores de esa "bajada tan importante" que supondrá la generación con fuentes renovables, aportando además "seguridad y previsibilidad" a un sector que "necesita un calendario y orientación sobre cómo se puede ir definiendo ese volumen de subastas".
3.000 MW en juego
De los 3.000 MW que se pondrán en juego, al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica y otros 1.000 MW a fotovoltaica, quedando el resto de potencia a subastar sin restricciones.
Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha indicado que el inicio del calendario de subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías Renovable "resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea".
Estos compromisos han sido trasladados al Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60 gigavatios (GW) renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.
Este mecanismo de subastas es complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o las garantías públicas para los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPA's).
Mecanismo de la subasta
Para optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado.
La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad. El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Estas pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
Además, la resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
