Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía social, ha confirmado y detallado la inclusión de las trabajadoras del hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social como personal laboral de pleno derecho, “sin ninguna particularidad con el resto de los trabajadores”. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que, de todas las normas desplegadas por el Gobierno, “esta es la más importante”.

La ministra de Trabajo ha lamentado que hasta este momento no se hubiese solucionado esta anormalidad laboral, dejando a las trabajadoras en una situación de desprotección social y de carencia de derecho laborales ordinarios. El porqué de esta exclusión lo tiene claro Díaz: “Por ser mujeres”. No duda la vicepresidenta segunda que el género es la principal causa de que no se hubiese normalizado la situación de este colectivo laboral, “lo que explica parte de lo que ha pasado estas trabajadoras”.

Las familias serán bonificadas

Por otra parte, la vicepresidenta segunda ha señalado que la medida puesta en marcha por el Gobierno tiene un carácter "transversal", de manera que también se pone el ojo en las familias manteniendo las bonificaciones y ayudas para ellas, pero poniendo en marcha una nueva bonificación a la que tendrán derecho los empleadores y que supone el 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.

Sobre este tema, también ha apuntado que, en el plazo 6 meses y junto al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, formalizará un nuevo reglamento con las nuevas tipologías familiares y requisitos de renta y patrimonio para el despliegue de esta medida.

Discriminación en todos sus ámbitos

Díaz ha detallado el perfil de las trabajadoras que conforman este colectivo, “olvidadas y discriminadas” por múltiples factores. Del total de trabajadoras del hogar (370.000), el 95% son mujeres y ocho de cada diez tienen edades que dificultan el desempeño de sus tareas (130.000 superan los 55 años y solo 17.000 son menores de 30 años), contando con una menor calidad en las políticas públicas.

Casi la mitad de las trabajadoras son extranjeras (44%), lo que contrasta con el 10% que suponen para el total de los trabajadores ordinarios. Por último, la ministra ha detallado que el 54% de las trabajadoras lo son a tiempo parcial, con jornadas inferiores a las 60 horas mensuales, lo que evidencia que el desarrollo de sus actividades se produce “de manera precaria”.

Plenitud de derechos

Ampliando lo que ayer comunicó Sánchez, la vicepresidenta ha confirmado que las empleadas del hogar tendrán derecho, igual que cualquier otro trabajador, a la prestación por desempleo y a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes en el ordenamiento jurídico laboral. Además, en caso de impagos, podrán acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), del que habían sido excluidas en caso de insolvencia del pagador, para percibir el salario pendiente de abonar.

Como también adelantaba el presidente, queda derogado el despido por desistimiento, estudiando cada situación particular, ayudando a las familias contratantes, a las cuales no se considera empleadores ordinarios; y desarrollando una protección extensiva en caso de despido o extinción contractual.

Las trabajadoras de este colectivo también pasarán a incorporarse a la normativa de prevención de riesgos laborales, de la cual también estaban excluidas, con el matiz mencionado anteriormente relativo al carácter no ordinario de los empleadores, por lo que tendrán una relación de carácter especial.

Por último, las empleadas también adquieren el derecho de información y formalidad laboral y la presunción en caso de que exista vulneración. Además, la ministra ha asegurado que se desarrollarán un plan de atención en la formación, de dignificación del trabajo y de especialización en los diferentes ámbitos laborales.