Glovo continúa en caída libre en España. La Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de 8,5 millones de euros a la empresa por no regularizar los contratos de 1.316 trabajadores de la provincia de Sevilla, que continuaban como autónomos en contra de lo que señala el estatuto de trabajadores, según fuentes de Facua-Consumidores en Acción.
El organismo ha emitido un acta de infracción a la compañía por un importe de 6.170.724 euros y ha establecido la liquidación de las cuotas correspondientes a dichos trabajadores en una cuantía de 2.484.362,69 euros. Esta acción se produce después de que el Gobierno modificara el estatuto de los trabajadores - Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre- precisamente para garantizar los derechos laborales de los riders, dependientes de plataformas digitales. La modificación, apodada como Ley Rider, entró en vigor el pasado 12 de agosto, lo que ha supuesto que algunas de las plataformas como Delivero hayan decidido abandonar España. En su caso el cese de la actividad se producirá el 29 de noviembre.
A pesar que las plataformas se han ido adaptando mediante diferentes estrategias al nuevo merco jurídico, otras parecen no aceptar los cambios. Por ejemplo, Just Eat pretende negociar con los trabajadores para aprobar un convenio laboral mientras que otras como Glovo hacen caso omiso a la legislación vigente intentando ocultar ocultar los indicios de laboralidad de sus repartidores modificando el algoritmo. Por otro lado, la estrategia de Glovo parece fallida puesto que la compañía ha decidido contratar, tal y como avanza Newtral, a empleados de sus dos de sus 12 sociedades: Glovo Grocery y Glovo B2B mientras que el resto de la plantilla, (85%) seguirán siendo autónomos tal y como denuncia CCOO.
Precisamente, desde los sindicatos CCOO y UGT, se denuncia que tanto Glovo como Uber Eats están incumpliendo la ley rider, y que meses después de que la ley haya entrado en vigor, ninguna de las plataformas ha realizado nuevos contratos tal y como establece la ley. Glovo mantiene, como hemos mencionado, a la mayoría de sus riders como autónomos y en el caso de Uber Eats subcontrata a empresas de reparto. Por esta razón los sindicatos anuncian que debido al actual panorama están preparando demandas jurídicas contra las plataformas.