La vivienda ha terminado por convertirse en el detonante final para que Pedro Sánchez termine por aventurarse a convocar de manera anticipada anticipada las elecciones generales ante el que ha sido el golpe final al actual Gobierno. A pesar de las diferentes circunstancias que venían haciendo una bola de nieve y afectando notablemente al Ejecutivo, este problema concreto venía acumulando presión desde hace meses, con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, dificultades para acceder a un hogar y un Gobierno condicionado por su complicada mayoría parlamentaria. La situación ha terminado por estallar en los últimos días con el caso de Maricarmen, una mujer que, a sus 87 años, fue desahuciada, incluso cuando muchos se ofrecieron a comprar el piso o pagar el nuevo alquiler que le reclamaban, impulsando una movilización social que ha encontrado en la acampada de Sol uno de sus principales símbolos.
Las protestas han elevado la presión sobre las administraciones para que actúen frente al encarecimiento de la vivienda y la especulación. El Ejecutivo presentó dos decretos destinados a abordar la situación y frenar los desahucios, aunque, nuevamente, no salieron las cuentas para sacarlos adelante, volviendo a evidenciar su debilidad parlamentaria. En este contexto, Pedro Sánchez terminó optando por adelantar las elecciones, previstas para el 29 de noviembre.
La movilización, sin embargo, no termina con la convocatoria electoral. Los colectivos sociales movilizados estos días y que están extendiendo sus protestas por todo el país mantienen sus reivindicaciones. A ellos se han sumado ahora UGT y CCOO al haber acordado respaldar al Sindicato de Inquilinas en esta lucha social apoyando su intención de convocar una huelga general este otoño antes de las elecciones del 29 de noviembre. La fecha todavía no está cerrada, pero el parón nacional podría situar definitivamente la vivienda en el centro de la campaña electoral. La magnitud de las movilizaciones y el respaldo ciudadano que consiga podrían convertirse, además, en un elemento relevante para medir el peso político de una de las principales preocupaciones sociales; la que más según las encuestas.
Ahora bien, a pesar del apoyo social que está habiendo a estas movilizaciones contra los abusos del mercado inmobiliario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, viene mostrando en los últimos días su rechazo a una protesta de mayor calado como sería la convocatoria de la huelga general.
El líder de los empresarios españoles viene siendo certero a la hora de mostrarse contrario de esta movilización social, realizando de manera continuada afirmaciones encaminadas a frenar esta convocatoria. Así, viene señalando severamente que sería una protesta "ilegal" y que no puede efectuarse al no tratarse, según entiende, de un "conflicto laboral" o un asunto de "naturaleza empresarial".
Después de haber cargado durante el fin de semana contra esta movilización que se pretende convocar, CEOE y Cepyme han calificado este martes de "inadmisible" la huelga general anunciada ayer por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".
Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden en exclusiva a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".
Por este motivo, CEOE y Cepyme consideran "inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión". Asimismo, han subrayado que, con la convocatoria de elecciones fijada para el próximo 29 de noviembre, resulta "difícilmente justificable" emplear la actividad económica "como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".
Los argumentos del empresariado era uno de los principales motivos por los que la convocatoria de huelga general podría haberse complicado si solo la hubiera impulsado el Sindicato de Inquilinas, debido a que es un colectivo que no es representante de los trabajadores. Sin embargo, el apoyo expresado por UGT y CCOO, así como la voluntad de ambos si para agendar este parón nacional puede estar desbloqueando verdaderamente la posibilidad de impulsar esta movilización.
La ley establece que la iniciativa debe partir de los sindicatos representantes de los trabajadores o los comités de empresa. Una vez acordada la convocatoria, debe comunicarse mediante el correspondiente preaviso, de forma que las administraciones puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos cuando resulte necesario. Deberán terminar de concretarse algunos detalles, pero lo principal, al aparecer en el tablero UGT y CCOO, ya está, en principio, resuelto.
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