UGT denuncia que la ocupación en la Administración General del Estado (AGE) ha sufrido una fuerte reducción de 43.477 empleados públicos. En cifras, esto supone una destrucción del 18% del empleo en el sector, consolidando la tendencia iniciada con los recortes del año 2010. 

"Desde UGT se ha venido denunciando reiteradamente que las causas de esta demolición de la AGE se debe a que no se han cubierto las plazas de los empleados que se han ido jubilando, por prescindir de los funcionarios interinos y por externalizar numerosos servicios a la empresa privada", explica el sindicato. 

Además, destacan la evolución a la baja de los efectivos en la Seguridad Social, con 6.553 empleados menos, es decir menos del 20%, en un momento especialmente complicado ya que, además de gestionar procedimientos habituales como las pensiones, los recursos económicos y la administración financiera del sistema, el sector debe gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

"La destrucción de empleo ha ido evolucionando hasta dejar uno de los sistemas que sirvieron como ejemplo de eficiencia en una queja continua de los ciudadanos por su progresiva decadencia en la atención que demandan", critican desde el sindicato, que también hablan de "colapso" en otros organismos como el SEPE o el FOGASA. 

Planificación a largo plazo y racionalización de los recursos

Ante esto, UGT ha propuesto también reiteradamente a Función Pública una planificación a largo plazo en el empleo público que permita una racionalización de los recursos que conlleve una adecuación racional entre los objetivos de la misma y los medios personales necesarios para su consecución.

Dicha planificación debe ajustar de manera previsora, a un coste razonable y en coordinación con los criterios de política económica, el personal disponible a las necesidades que en cada momento necesite la AGE. Por ello, UGT ha negociado con éxito que las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 incrementarán de forma notable las plazas ofertadas tanto para nuevo ingreso como para la promoción interna.

"No obstante, el retraso en las convocatorias o una vez superados los procesos selectivos y la demora en realizar los nombramientos ralentizan la incorporación de las nuevas empleadas y empleados públicos, cuando desde la Función Pública se nos aseguró que iban a adoptar las medidas necesarias para agilizar los procesos. En peor situación se encuentran quienes han superado los procesos de promoción interna y no se les facilita el nombramiento teniendo que esperar a que tomen  posesión los que han superado las pruebas por acceso libre", denuncia el sindicato.