La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado en su quinto boletín de seguimiento por el coronavirus que el sector turístico y algunas ramas del sector servicios son las actividades más afectadas por la crisis sanitaria, además ahora “seriamente amenazadas” por los rebrotes. En el sector servicios, los peor parados son la hostelería, las actividades deportivas y el entretenimiento.

Fedea asegura que la actividad económica “parece haber tocado ya fondo”, dando paso a un “incipiente proceso de recuperación” que comenzó en mayo en la construcción y en junio en el resto de la economía española. Por otro lado, pide hacer un “buen uso” de los fondos europeos, con una “rigurosa” selección entre los proyectos.

El organismo observa una “clara recuperación” en el segundo trimestre, incluso en los sectores más afectados inicialmente. Sin embargo, reconoce que los niveles de actividad en algunos sectores siguen siendo “extremadamente bajos”, donde destacan el comercio, el transporte y la hostelería, que se encuentra en apenas el 50% de su nivel de actividad normal.

Como consecuencia del impacto del coronavirus, las regiones más afectadas son las Islas Canarias y Baleares, por su fuerte dependencia del turismo.

El consumo y la contratación se recuperan tras el confinamiento

Por otro lado, Fedea destaca que el gasto en prestaciones por desempleo y otras medidas sociales ha empezado a reducirse “significativamente” a pesar de que los ingresos tributarios siguen empeorando. En el lado positivo, el consumo y la contratación han recuperado parte de la actividad tras el fin del estado de alarma.

A nivel laboral, el organismo observa un impacto desigual en los distintos tipos de paro. Fedea asegura que el paro de corta duración ha caído “notablemente” mientras que el paro de larga duración sigue creciendo, un 16,8% desde febrero. Así, "vuelve a reproducirse uno de los problemas socialmente más costosos y más difíciles de resolver”, alerta.

Fedea considera “prioritario” la preparación del curso escolar que comenzará en septiembre, así como la adaptación del marco legal y el sistema judicial para lidiar con la "esperable avalancha de quiebras y reestructuraciones empresariales" de los próximos meses. En concreto, pide al Estado que revise la normativa concursal existente y la regulación de las garantías del ICO para adaptarlas a la situación actual.