La Comisión Europea ha comunicado este lunes la apertura de un expediente sancionador a España por trato fiscal discriminatorio a los ciudadanos no residentes, a quienes se aplica un gravamen sobre la renta sobre el 2% del valor catastral de las viviendas que utilizan como residencia habitual.
Asimismo, señalan una discriminación hacia aquellos que no tienen residencia fiscal en España. La decisión se ha comunicado a través de una carta de emplazamiento en la que la Comisión insta a las autoridades de España que modifiquen la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR).
En este orden de cosas, el Ejecutivo comunitario ha emplazado a las autoridades españolas a poner fin a esta "imposición discriminatoria" de las viviendas utilizadas como residencia habitual de personas físicas no residentes. Asimismo, Bruselas ha advertido de que estas normas sobre la imposición de los contribuyentes no residentes afectan a la libre circulación de trabajadores y a la libre circulación de capitales.
Al respecto, han puesto de relieve la distancia notable que existe entre el escenario al que se enfrentan los residentes con el que deben hacer frente los no residentes. En este sentido, la Comisión Europea ha insistido en que mientras que los contribuyentes residentes no están sujetos al impuesto sobre la renta atribuible a sus viviendas utilizadas como residencia habitual, los contribuyentes no residentes deben pagar el impuesto sobre la renta sobre el 2% del valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual en concepto de renta atribuible.
Con todo ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias detectadas por el Ejecutivo comunitario. A falta de respuestas satisfactorias, Bruselas podrá dar un ultimátum de dos meses al Gobierno para eliminar esta tasa antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Reforma de las políticas fiscales
El expediente sancionador se ha conocido después de que a principios de junio, Bruselas ya emplazara a España a hacer cambios con el fin de reestructurar el sistema tributario del país. A través de su informe semestral, la Comisión Europea recalcaba esta necesidad dado que prevé un “incremento significativo en el gasto público” a raíz de una demografía que se está envejeciendo, además de recomendar una mejora a las politicas de aplicación del IVA.
No obstante, apremió al país por ejecutar el 70% de su plan de recuperación y resiliencia, cuyo plazo finaliza en agosto de 2026, mientras que Bruselas continúa su evaluación de la solicitud del Gobierno para acceder a los 23.900 millones de euros del quinto pago. El principal requisito para el desembolso de este quinto tramo ampliado es la reforma fiscal, que debe incluir la subida del impuesto sobre el diésel, una medida que carece de apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados. Esta exigencia también forma parte de lo que la Comisión clasifica como uno de los “desafíos políticos clave”.
Europa señaló a España por no incorporar “suficientemente” los costes medioambientales del agua y el diésel, por lo que su inclusión supondría una forma de aumentar el ingreso del Estado para enfrentarse a futuros gastos. “Se espera que el desarrollo demográfico lleve a un incremento significativo en gasto público relacionado con la sanidad, cuidados de larga duración y las pensiones”, señala el informe. Por ello, la Comisión destacó que las “reformas dirigidas al incremento del rol de impuestos indirectos (consumo y medio ambiente) asegurarían ingresos fiscales, apoyaría la creación de empleo y la actividad económica en el futuro”.
Bruselas, además, defendió la necesidad de incrementar la “cohesión social” para reducir “la brecha en políticas de los Impuestos Sobre el Valor Añadido (IVA)”. Pese a haber reducido su coeficiente Gini de 2022 -este índice señala desigualdades económicas, valorado entre el cero y el uno, donde el uno es una igualdad perfecta- por 7,6 puntos, la Comisión ha señalado la necesidad de seguir mejorando su puntuación en el índice.
“España ocupa la posición 18 en el índice GINI para la distribución de ingresos antes de transferencias sociales y ocupa la posición 21 en la distribución de los ingresos disponibles totales. Cohesión social permitirá mayores reformas a través de ajustes adicionales a los impuestos progresivos sobre los ingresos personales y los impuestos sobre el patrimonio”, reza el informe.
