La segunda semana de junio de 2024 está marcada en rojo en el calendario europeo. Las elecciones europeas se celebrarán en los veintisiete estados miembros entre el día 6 y 9 del sexto mes del año, pero la actividad política decaerá varias semanas antes. Con lo apremiante del fin de la legislatura, varias políticas comunitarias de gran calado deberán ver la luz en los meses previos si no quieren tirarse a la basura meses de trabajo. El papel de dinamizador del continente lo ostenta en estos momentos España, como país que preside el Consejo de la Unión Europea, y varios son los proyectos aún abiertos.

La reforma del mercado eléctrico parece encaminada, después del acuerdo alcanzado tanto en el Parlamento Europeo como entre los ministros del ramo, y el principal objetivo de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, podría cumplirse antes de finalizar el año. El cometido de otra de las vicepresidentas, Nadia Calviño, es más complejo. Alcanzar un acuerdo para definir las nuevas reglas fiscales europeas es un trabajo arduo debido a la pluralidad de regímenes; sin embargo, tras la reunión del el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), se ha avanzado hacia un acuerdo que podría cerrarse en las próximas semanas.

“Hoy asistimos a un acuerdo sobre los elementos y mecanismos básicos de las nuevas normas fiscales, sobre la necesidad de disciplina fiscal, credibilidad y confianza, pero también de garantizar la anticiclicidad y los incentivos adecuados para las inversiones y reformas que potencien el crecimiento y respondan a nuestras prioridades europeas compartidas”, celebraba la ministra de Asuntos Económicos española, encargada de presidir las reuniones. Calviño festejaba el avance, conseguido gracias a las cesiones concedidas a Alemania, motor económico europeo y país del que se requiere un voto positivo para sacar adelante cualquier reforma.

Los bávaros, de la mano de otros países frugales, continúan con su línea dura y exigen al resto de países un esfuerzo mayor para reducir el déficit y la deuda. Las reglas fiscales llevan suspendidas varios años como consecuencia de la Covid-19 y, posteriormente, de la guerra de Ucrania. El próximo año estas retornarán definitivamente y los estados quieren reformar un marco demasiado estricto y que, antaño, ha propiciado muchos incumplimientos de compromisos. No obstante, los centroeuropeos reniegan de rebajar las exigencias. En medio de ambas, España intercede para alcanzar un acuerdo. El último movimiento ha significado una cesión a Alemania.

Calviño ha puesto sobre la mesa un documento que aterriza las diferentes líneas y espera poder debatirlo antes de que finalice este mes. Al respecto, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, se ha mostrado satisfecho. "Es un progreso que se reconozca la idea de salvaguardas y puntos de referencia en relación con la ratio deuda/PIB y los déficits anuales, pero ahora lo que hay que considerar es el nivel de ambición, ahora se trata de hablar de números no sólo de instrumentos", ha señalado.

Esta sensación no responde únicamente a los germanos y la líder española ha asegurado que ha gozado de una “acogida y apoyo decidido de todos los Estados miembro”. "Creo que se está surgiendo un amplio acuerdo sobre los elementos centrales del marco, los mecanismos que deben aplicarse y las salvaguardias", ha apuntado la ministra, que ha señalado que ahora "lo que queda por hacer es afinar los detalles y la calibración, por lo que es necesario empezar a trabajar en el texto jurídico".

Los objetivos de deuda y déficit están claros. Los países deben caminar hasta un 60% de deuda pública y un 3% de deuda pública, ambas variables sobre el Producto Interior Bruto (PIB) y las discrepancias aparecen en las delimitaciones del camino a seguir. Para solventar las discrepancias, España convocará una reunión extraordinaria antes de finalizar el mes, con la pretensión de poder alcanzar un acuerdo en la próxima reunión del 8 de diciembre. De un lado los restrictivos alemanes y, del otro, grandes pesos como Francia o Italia, que proponen dar margen a ciertas inversiones, englobadas en los planes de recuperación nacionales o destinadas a sectores estratégicos.

Dos posturas enfrentadas a lo largo de la historia y que la presidencia española deberá acercar. Desde el Gobierno aseguran que la nueva propuesta realizada garantiza una reducción gradual y coherente de la deuda, junto con numerosas mejoras metodológicas, al tiempo que deja espacio fiscal para responder a nuevas crisis y que refleja contribuciones "muy útiles" de los Estados miembro. No obstante, lejos de estar cerca el acuerdo, "queda mucho trabajo por hacer y un último kilómetro por recorrer".