Telefónica España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar la ciberseguridad en el conjunto de la sociedad española, buscando mejorar la resiliencia digital de la ciudadanía, con especial atención a los menores y las pequeñas y medianas empresas.

El convenio, que se extenderá durante los próximos cuatro años, se enmarca en la estrategia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para fortalecer las capacidades del país frente a los crecientes ciberataques. Las acciones se desplegarán por todo el territorio español, centradas en la formación, la divulgación y la concienciación sobre el uso seguro de la tecnología, en línea con la normativa europea vigente.

Entre las iniciativas previstas destacan campañas audiovisuales para ayudar a la población a proteger sus datos personales, talleres y conferencias sobre buenas prácticas digitales, y programas de formación específicos para menores y profesionales de empresas. Estos cursos partirán de un diagnóstico previo de las necesidades y nivel de conocimiento de cada colectivo.

Asimismo, se pondrán en marcha otras acciones de educación digital responsable, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los usuarios frente a delitos informáticos.

La colaboración también contempla la participación conjunta en actividades ya existentes, como la difusión de los servicios de atención ciudadana en materia de ciberseguridad del INCIBE, o la presencia del Instituto en eventos sectoriales organizados por Telefónica.

Esta alianza refuerza una relación que ya tiene más de una década: ambas entidades cooperan desde hace años en la Oficina de Seguridad del Internauta y en el Servicio Antibotnet, una herramienta destinada a limpiar conexiones comprometidas y mantener una red más segura.

El contexto no podría ser más relevante. Según el centro de respuesta a incidentes INCIBE-CERT, en 2024 se gestionaron más de 97.000 incidentes de ciberseguridad, un 16,6% más que el año anterior. De ellos, dos tercios afectaron directamente a la ciudadanía, y el resto a empresas, principalmente pymes y autónomos, los más expuestos a las nuevas formas de delincuencia digital.

Con este convenio, el sector público y el privado suman fuerzas para garantizar un entorno digital más seguro, inclusivo y sostenible, donde la tecnología sirva al progreso y a la protección de las personas.

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