“Beneficios caídos del cielo” o “beneficios extraordinarios” son dos términos que resuenan desde hace un tiempo en los altavoces políticos y mediáticos. Los acusados, grandes empresas sobre todo de los sectores energético y bancario, empeñados en negarlo, aluden a su gran contribución a la sociedad y niegan que se estén ‘forrando’ aprovechando la guerra de Ucrania y la crisis energética devenida de esta. Mientras, sus cuentas de resultados les desmienten registrando récords. Ahora, un informe de la Agencia Tributaria vuelve a exponer a estas grandes compañías que, como anunciaba el río, están multiplicando sus beneficios sustancialmente.
El informe del organismo público así lo muestra, reflejando los impuestos abonados por las empresas que, como es sabido, dependen una gran parte de los beneficios obtenidos. Ejemplo de ello es el impuesto sobre sociedades que las empresas abonan en función de los resultados: hasta el mes de octubre, momento en el que se realiza el segundo pago fraccionado del año (primero en abril y último en diciembre), han abonado 37.000 millones de euros a la Agencia Tributaria. Este es el segundo montante más elevado de la serie histórica, tan solo por detrás del recogido en 2007, momento en el que la burbuja y especulación inmobiliaria disparó los beneficios empresariales y, posteriormente, sumió a España en una crisis sin igual que cargaron sobre sus espaldas las clases populares.
No obstante, este no es el único impuesto que muestra el engrosamiento de las cuentas de resultados de las compañías. De hecho, existen gravámenes aún más fiables, ya que el impuesto sobre sociedades incluye una parte de la recaudación de 2021, como los pagos fraccionados, aquellos que abonan por adelantado las empresas a cargo del ejercicio en curso y se van ajustando en función de sus beneficios. Hasta el momento se han pagado los correspondientes a abril y octubre, que ascienden hasta los 23.500 millones de euros, como muestra la estadística mensual de Agencia Tributaria, lo que es la cifra más alta de toda la serie histórica. Si bien es cierto que el tipo de estos impuestos es superior al del año 2007, cuando era del 18%, es igual de cierto que la subida al 23% se realizó en 2016 y, desde entonces, no se apreciaban abonos ni parecidos.
Esto solo puede explicarse con un aumento desmedido de los beneficios empresariales. Así, con los datos recabados hasta el momento, cifras de octubre que contemplan los beneficios hasta septiembre, los pagos ya son 6.000 millones más altos que en el año 2019, prepandemia y crisis energética. Un 35% más que en los años alejados de crisis sanitarias y energéticas y un 19% más que el año pasado. La Agencia Tributaria lo tiene muy claro: “Destaca el aumento generalizado (de pago de impuestos) en todas las empresas que indica también la mejora de los beneficios”.
Mientras, las familias atraviesan una situación límite con el aumento del coste de la vida. La factura de la luz, del gas, la cesta de la compra, los alquileres, las hipotecas y todo aquello sujeto a la especulación del mercado que no cabe en este artículo enumerar por falta de espacio; siguen incrementando sus precios. La inflación se encuentra en España ya en el 6,8%, dato más bajo de Europa, pero la inflación subyacente -aquella que excluye del cálculo los alimentos no elaborados o los productos energéticos- no desciende y los precios tampoco, a pesar de que la subida de la energía fue la justificación de las empresas para trasladar todos sus sobrecostes a los consumidores.
Grito en el cielo por los impuestos complementarios
Por supuesto, a pesar de que la gran mayoría de empresas están experimentando crecimientos de los beneficios, las grandes beneficiadas son las energéticas y los bancos. También se ha producido en el caso de las pymes, aunque la Agencia asegura que se debe a que “tributaron en este pago en función de la cuota anual de 2021, no por sus beneficios”. De hecho, el organismo señala a “diez grupos con mayor pago” que, como apuntan, “todos, menos dos, son pertenecientes a los sectores bancario y energético”. Estas, a las que van dirigidas los nuevos impuestos a energéticas y banca, han aumentado su contribución 2,5 veces con respecto al pasado año.
Sin embargo, en los momentos previos, durante y después de la aprobación mayoritaria de estos gravámenes en el Congreso de los Diputados, las quejas, lloros y lamentos de estas grandes compañías multimillonarias retumbaban con eco en el hemiciclo. No obstante, pese a la insistencia de estas grandes empresas y a un PP empecinado en su defensa, el Gobierno de coalición no ha cedido, a pesar de que las presiones desde que se anunciaron estos impuestos han sido grandes, y ha sacado adelante su reforma que, como señalan múltiples personalidades del Ejecutivo, buscan “un reparto justo de los costes de la guerra” y redistribuir los famosos “beneficios caídos del cielo”.
Estos dos gravámenes, excepcionales y temporales, aunque quizá no deberían serlo, recaudarán 6.600 millones de euros entre los años 2023 y 2024 (3.600 el de las energéticas y 3.000 el de la Banca). Este aumento de la recaudación asegura el Gobierno, irá destinado a seguir financiando las medidas de auxilios a las familias y los más vulnerables, que han incrementado mucho la cuenta de gastos del Estado y deben ser financiadas. Ahora, estas grandes empresas colaborarán a ello. No obstante, como ya sucedió con sus declaraciones de resultados, este informe de la Agencia Tributaria deja flotando en el aire un guante que parece nadie quiere coger: quizás, y solo quizás, estas grandes compañías podrían asumir una contribución aún mayor.
