Fernando Andreu, el juez de la Audiencia Nacional, acordó ayer la apertura de una pieza secreta en el marco de la causa que investiga la caída del Banco Popular con toda la documentación que aportará el Banco Central Europeo (BCE), incluida la decisión de declarar a la entidad como “próxima a la quiebra”, según informa EFE.

El magistrado ha incorporado en el auto a esta parte del procedimiento otros archivos, como informes y conclusiones de inspección, así como requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.

Fernando Andreu atiende así a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de mantener secreta esta pieza, al menos por el periodo de un mes, “con la finalidad de garantizar la reserva y confidencialidad” y de preservar “la investigación y el esclarecimiento de los hechos que constituyen el objeto de la causa”.

La información, que cuenta, además, con informes sobre la autocartera y de las desinversiones de activos de Popular, tendrá que ser examinada y estudiada por los peritos judiciales cedidos por el Banco de España con la finalidad de comprobar si resulta útil para la causa.

El pasado octubre de 2017, el juez Andreu admitió a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Entonces acordó la división en dos piezas separadas. La primera por ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios. El magistrado solicitó, a instancias de las acusaciones, diversa información relacionada con la gestión del Popular a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco Central Europeo. En dicho auto, se destacaba la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.

Recientemente se ha conocido el informe que la CNMV ha remitido al juez Andreu, en el que el supervisor señala que el informe financiero de 2016 del Banco Popular contenía datos inexactos, por lo que proponer iniciar expediente sancionador a ocho directivos de la entidad; entre ellos, Ángel Ron, expresidente. Además, propone que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) investigue la actuación de PwC como auditor de la compañía.

El Congreso de los Diputados también está analizando el caso Popular. Por ahí han pasado en estas últimas semanas los dos últimos presidentes de la entidad: Ron y Emilio Saracho, y el actual presidente, Rodrigo Echenique. Por su parte, Ron negó cualquier irregularidad en las cuentas de 2016. Saracho afirma que la entidad estaba enferma desde hace una década. Echenique ha confirmado este miércoles que el banco no ocultó perdidas en las cuentas de 2016, lo que contradice a la CNMV.