El Gobierno en funciones acaba de enviar una propuesta de decreto que obliga a refacturar la luz desde abril de 2014 y subirla un 0,2%. La medida no tendrá un impacto demasiado importante, el montante total será de unos 30 millones anuales de euros y cada consumidor -concretamente los acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- pagarán cerca de dos euros más al año. Pero como explica a ELPLURAL.COM Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en el sector eléctrico español, la activación del decreto sorprende por dos motivos: "La sentencia del Supremo que obliga a adoptar esta medida es de noviembre del año pasado, y a pesar de ello antes de las elecciones del 20D el Gobierno anunció que bajaría la luz, cuando eran plenamente conscientes de ese fallo. Y la medida se toma finalmente después del 26J, y eso que el Supremo mandó un ultimátum al Ejecutivo el 30 de mayo dando 30 días para aplicar su sentencia, han apurado los plazos al máximo". Además del pequeño coste final para el consumidor, este experto cree que que la subida tiene otras dos derivadas: "El tema puede no estar cerrado porque el Gobierno ha hecho una interpretación a la baja de las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en uno de sus puntos más controvertidos. el margen de beneficio, y las eléctricas podrían recurrir de nuevo. Y por otra parte la refacturación, que es la tercera en apenas cuatro años, generará más confusión en un consumidor al que ya bastente compleja le resulta la factura de la luz. Esa dificultad es terreno abonado para las estafas, como denuncian las asociaciones de consumidores".

Un problema mucho mayor: impuestos que podrían ser ilegales

Pero la actualidad eléctrica del día ha sido intensa porque se ha puesto sobre la mesa otro asunto que puede tener un impacto mucho mayor no solo para un sector de los consumidores sino para todos los contribuyentes: unos 8.000 millones de euros de golpe que tendría que asumir el Estado y un agujero fiscal que eleva el déficit de tarifa anual a 1.900 millones más cada ejercicio. El origen de esta incertidumbre presupuestaria está en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha dictado varios autos en los que plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la ley de 2012 en la que se aplicaron medidas fiscales que gravan a las eléctricas para la sostenibilidad del sistema. Las eléctricas recurrieron la medida y el Supremo admite ahora tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos. El Gobierno apunta en la ley a una finalidad medioambiental de los impuestos y Unesa -la patronal eléctica- junto a Endesa e Iberdrola alegaron ante los tribunales que podía suponer una doble imposición por entender que ya estaba gravado en otros impuestos vigentes.

El Supremo advierte de que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el déficit tarifario y consideran que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, donde se señala que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

¿Unos 8.000 millones a devolver y el regreso del déficit de tarifa? El TC decidirá

Morales de Labra advierte de las conscuencias que tendría el hecho de que el Constitucional diera la razón a las eléctricas en torno a la inconstitucionalidad de esos tres impuestos, y es que se están aplicando desde enero de 2013 y siguen vigentes: "Estaríamos hablando de unos 1.900 millones de euros anuales, y ya han pasado tres años y medio". De entrada hasta ahora, y más allá del tiempo que pueda pasar hasta que resuelva el Consitucional, estos impuestos han recaudado ya para Hacienda unos 6.600 millones. Morales de Labra explica el escenario que tendríamos si el TC resuelve a favor de las eléctricas: "Hacienda tendría que devolver esa cantidad a los cotizantes [unos 8.000 millones al final de 2016] por la vía de los presupuestos y al no aplicarse ya esos gravámenes se generaría automáticamente un déficit de tarifa de 1.900 millones anuales. El principal empeño del Gobierno en la anterior legislatura en esta materia, dar carpetazo al décifit de tarifa, se habría cerrado en falso. Para hacerse una idea del impacto presupuestario de esa cantidad solo hay que recordar que Bruselas exige a España recortes de 8.000 millones de euros, un 0,8% del PIB, y estamos hablando de una cantidad muy similar". Se trata por tanto de un agujero que obligaría a más recortes para asumir ese desequilibrio fiscal de entrada y a subidas de la luz en el futuro para enjugar el déficit anual de tarifa, lo que este experto calcula que engrosaría el recibo de la luz en cerca de un 6%.