La indemnización por despido improcedente fue uno de los pocos aspectos que no fue modificado por la nueva reforma laboral. La patronal no estaba por la labor de ceder en este sentido, algo de sobra conocido, pero hoy Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha revelado que el PSOE tampoco. “Nosotros queríamos el abordaje del despido, pero el PSOE no lo aceptó”, ha asegurado la también vicepresidenta, culpabilizando al socio mayoritario del Gobierno de coalición de no haber abordado uno de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy.
“Yo cumplo con los acuerdos”, ha proseguido, “pero, una vez que los tribunales españoles resuelven lo que resuelven, este Gobierno es democrático y tiene que atender las resoluciones judiciales”, ha añadido. La titular de Trabajo hace referencia a múltiples sentencias judiciales, la última conocida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que concluyen que un trabajador merece una indemnización superior a la contemplada actualmente -33 días por año trabajado- por considerarla insuficiente para resarcir el daño causado. A estas sentencias puede sumarse la resolución de las demandas presentadas por UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos por el bajo coste del despido. Previsiblemente, más atendiendo a la decisión tomada sobre la normativa francesa, copia de la española, el veredicto favorecerá a los trabajadores.
Esta situación, que Díaz ha asegurado que sabía llegaría antes o después, decanta la balanza a favor de Unidas Podemos. “Hay que atender a las resoluciones judiciales, nos gusten o no”, ha expresado satisfecha la ministra. “Somos uno de los pocos países que tienen un modelo de despidos injustificados topado y esto no se acomoda, según resuelven algunos tribunales españoles y el artículo 24 de la Carta Social europea”, ha continuado apoyándose en la judicatura. Así, todo apunta a que esta “anomalía” de la normativa laboral española, que permite tener un “despido tasado sin atender a la lógica de las indemnizaciones en el derecho español” -centrado en el daño real y el lucro cesante- puede caer próximamente.
No obstante, habrá que esperar a lo que resuelva el comité, según ha confirmado Díaz. De demorarse la resolución, este Ejecutivo podría no tener tiempo para acometer la reforma correspondiente. Por el momento, la vicepresidenta no se ha mostrado preocupada por el acercamiento del final de la legislatura y ha insistido, apoyándose en el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en abordar que “el despido tiene que ser reparador y tener elementos de no previsibilidad en las empresas”. “Que exista una distancia tan corta entre un despido justificado y uno injustificado es muy difícilmente defendible”, ha concluido.
Retraso de la reforma de Rajoy y rectificación francesa
La reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular supuso un gran perjuicio para los trabajadores. Uno de los aspectos más negativos, no recuperado aún, fue la sustitución de los 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, en concepto de indemnización por despido improcedente, por los 33 días con un tope de 24 mensualidades. Este límite se mantiene en la actualidad y coloca a España a la cola de Europa en este sentido.
De hecho, como ha apuntado la ministra, el Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos considera esta legislación una anomalía y han mandatado a Francia recular por una normal similar. En su momento, ha explicado la titular de Trabajo en los pasillos del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo galo “copió” la fórmula de despido de Rajoy, pero rápidamente tuvo que rectificar la situación tras una resolución del Comité, que aseguraba que la legislación laboral del país vecino incumplía el artículo 24 de la Carta Social Europea. "Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario europeo. Pronto nos tocará a nosotros", ha trasladado Díaz.
