La presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) continúa apostando por el progreso y avanzando en derechos sociales, económicos y laborales. Este lunes, Yolanda Díaz ha presidido el Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (EPSCO) y ha conseguido que se apruebe por unanimidad el primer documento de la historia de la UE que recoge una serie de conclusiones referidas a la salud mental y la precariedad laboral. Además, también se ha dado el visto bueno a un Reglamento para fomentar la Economía Social.
“Es una temática que hemos trabajado ya en España con una comisión de expertos y que ahora llevamos a Europa”, ha relatado la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones. “De ningún modo podemos permitir que el mercado laboral sea fuente de malestar psicológico. El trabajo decente y con derechos que defendemos es la antítesis de la precariedad laboral”, ha añadido. La también vicepresidenta segunda ha celebrado el compromiso de los Veintisiete en esta materia, centrada principalmente en combatir la precariedad, inseparable de la salud mental en el trabajo.
Casi tres de cada diez trabajadores europeos (27%) sufrieron de estrés, ansiedad y depresión en 2022. Los Veintisiete han comprendido que las condiciones laborales son el principal factor generador de estas enfermedades, motivo por el que se han comprometido a promover políticas de empleo de calidad que combatan la precariedad laboral; a apoyar la investigación sobre salud mental en el trabajo con un enfoque preventivo; a impulsar sistemas de vigilancia de la salud mental en las empresas.
Más allá, también se insta a apoyar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Las conclusiones alcanzadas, ha considerado Díaz, lanzan un mensaje claro y enfocado a “que la salud mental, que no es sino tener vidas vivibles, deber de ser un derecho de todas las personas trabajadoras en Europa, no el privilegio de unos pocos”.
Impulso de la Economía Social
El Consejo presidido por Díaz ha emitido también una Recomendación para impulsar la Economía Social. Esta modalidad económica emplea a más de 13,6 millones de personas, distribuidas en más de 2,8 millones de empresas, en toda la UE. No obstante, la implantación de es tipo de economía es heterogénea entre los Veintisiete, motivo por el que la presidencia europea está insistiendo en su fomento.
“Con esta recomendación que hoy acordamos, la Economía Social da un importante paso para convertirse en un nuevo pilar de la Europa social”, ha asegurado la líder de Sumar a sus homólogos europeos. “Es un modelo de éxito que combina eficiencia económica y justicia social, y que nos recuera también la importancia de una mayor democracia en el trabajo para que las personas trabajadoras participen activamente en la toma de decisiones”, ha añadido.
Concretamente, las recomendaciones que se han emitido buscan promover las cooperativas. mutualidades, centros especiales de empleo, sociedades laborales o fundaciones, entre otros. Consideran desde la cartera de Trabajo que estas empresas o entidades garantizan la creación de empleo de calidad, alientan la economía local y tienen una repercusión positiva en la cohesión social y territorial, principales causas por las que incentivarlas es un asunto vital. Esta batería de sugerencias es también pionera en esta materia.
Más allá de los diversos puntos, se ha establecido la definición de Economía Social: “un universo de entidades privadas autónomas que operan primando las personas y el propósito social sobre el lucro”. Además, “reinvierten la totalidad o la mayor parte de sus ganancias y excedentes en fines sociales y/o ambientales o en actividades de interés para los usuarios o en la sociedad”, añaden los ministros europeos. La última pata de la definición se centra en la forma de gestión, que es “participativa con las personas que las conforman, por lo que la toma de decisiones es más democrática”.
Junto al diálogo social y el trabajo decente, la Economía Social es una de las principales prioridades en materia laboral de la presidencia europea. “Las entidades de la economía social abordan algunos de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, en particular la integración laboral y social y la cohesión social. Sin embargo, podemos hacer mucho para apoyar el desarrollo de la Economía Social en nuestros Estados miembros y en toda la UE. Tenemos que aprovechar el enorme potencial de la Economía Social para mejorar nuestras respuestas a los retos sociales y medioambientales a los que todos nos enfrentamos y garantizar que nadie se quede atrás”, ha defendido Díaz en Luxemburgo.
