La corrupción copa la totalidad del debate y la agenda pública y mientras los principales partidos políticos se arrojan imputados a un lado y otro de la verja, las empresas corruptoras, beneficiadas y necesarias para las tramas, pasan de puntillas y continúan contratando con las administraciones públicas, pese a que muchas son sospechosas habituales en estos casos. El Ministerio de Trabajo anunció que tomaría cartas en el asunto, de cara a facilitar la denuncia de este tipo de prácticas empresariales, y ha dado un paso más este miércoles.
La cartera liderada por Yolanda Díaz, sin hacer mucho ruido, lanzaba este martes a audiencia pública el anteproyecto de ley que pretender proteger a los trabajadores que, en el seno de sus lugares de trabajo, denuncien prácticas ilegales. El plazo de presentación de aportaciones se ha abierto este miércoles. Una norma que modificaría el Estatuto de los Trabajadores y la Ley reguladora de la Jurisdicción Social e incorporaría al ordenamiento jurídico la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, referida a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.
El objetivo de la norma, que consta de dos artículos y tres disposiciones finales, es garantizar a las personas trabajadoras la “protección de su derecho a no recibir un trato desfavorable ni a sufrir represalias con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación” de la posible comisión de un delito por parte de la empresa contratante del denunciante, según expone la Memoria del Análisis de Impacto Normativo adjuntada por el departamento de Trabajo y disponible públicamente para el acceso de cualquier ciudadano.
Asimismo, desde el Ministerio de Díaz apuntan que la aprobación del anteproyecto contribuiría a “mejorar el conocimiento y la detección de posibles situaciones constitutivas de infracción normativa que, por el temor a represalias, podrían ser silenciadas por las personas trabajadoras”. Con todo, el máximo blindaje expuesto es la declaración como nulos de aquellos despidos o degradaciones laborales que pudiesen derivar de la denuncia de una infracción. “Aportar mayor seguridad jurídica y mayor protección a las personas trabajadoras ante una posible decisión extintiva que tuviera por objeto represaliar”, desgrana la Memoria.
Una modificación necesaria
La norma, de superar el camino legislativo y ser aprobada, no tendría efectos significativos sobre la economía, la competencia ni generaría nuevas cargas administrativa, por lo que se antoja complicado que alguna formación política pueda justificar no apoya un texto que simplemente daría un mayor blindaje a los trabajadores para la denuncia de corrupción en las empresas. No obstante, cualquier aporte que pudiese mejorar o expandir el blindaje del eslabón más débil de la cadena seguro que será bien recibido por Trabajo.
El fin de la presentación de aportaciones llegará con el paso de la Nochebuena a la Navidad, momento en el que el proceso habitual seguirá adelante. Más allá del que pudiera ser su resultado, desde Trabajo tienen claro que “no aprobar ninguna norma no se contempla como una alternativa”, menos “atendiendo a la situación de indefensión en que pueden quedar las personas trabajadoras si no se garantiza que las empresas no pueden responder con represalias al hecho de comunicar posibles infracciones normativas”.
